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Informe de HRW destaca falta de pruebas y fundamentos en caso de terrorismo contra Camacho y Añez

Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez./APG
Según el último informe de Human Rights Watch, no se encontraron pruebas que respalden las acusaciones de terrorismo contra el gobernador Luis Fernando Camacho y la expresidente Jeanine Añez. Además, se denuncia la falta de independencia del sistema judicial boliviano.


En su último Informe Mundial de 2024, la organización internacional de monitoreo de los Derechos Humanos, Human Rights Watch (HRW), declaró la falta de pruebas que respalden el caso de terrorismo contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Asimismo, considera infundada la acusación de terrorismo contra la expresidente del país Jeanine Añez.

Según el informe, HRW revisó los documentos respecto a la detención de Camacho y no encontró evidencia que respaldara la acusación de terrorismo en su contra. Respecto a Jeanine Añez, quien permanece en prisión desde 2021, la organización califica la acusación de terrorismo en su contra como infundada y manifiestamente desproporcionada.

Amplia definición penal utilizada

Ambos políticos bolivianos fueron formalmente acusados por la Fiscalía por el delito de terrorismo en el caso conocido como Golpe de Estado I, donde se alega que Camacho coordinó con fuerzas de seguridad provocando el derrocamiento del exmandatario Evo Morales en 2019, mientras Añez habría sido cómplice.

Falta independencia judicial

HRW denunció que existe una falta de independencia en el sistema judicial boliviano debido a la interferencia política a lo largo de los años. A pesar de las promesas del Presidente Arce de reformar la justicia para garantizar su independencia, el organismo internacional destacó la falta de avances en este sentido.

Mandato judicial vencido

El informe aborda también la prórroga en el mandato de los magistrados, indicando que las elecciones judiciales se retrasaron porque el oficialismo no cuenta con la mayoría necesaria para seleccionar candidatos. Además, subraya que el mandato de las actuales autoridades judiciales concluyó el 3 de enero de 2024 y la Constitución no prevé nombramientos temporales ni prórrogas.


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