El lunes 5 de junio se realizó un allanamiento en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, donde se recolectaron varios documentos para la investigación del caso «narcovuelo». Según declaraciones del fiscal Departamental Roger Mariaca, el caso estaría en reserva por diez días.
Mariaca advirtió que la comisión de fiscales está obligada a aprehender a cualquier persona comprometida con esta investigación, y que cualquier persona que tenga el mínimo indicio de participación directa o indirecta en este hecho será detenida como corresponde.
Dos empleados de Boliviana de Aviación (BoA) cumplen detención preventiva en el penal de Palmasola y al menos otras 20 personas serían investigadas, entre ellas, efectivos de seguridad y personal del servicio de catering.
Aproximadamente a las 17:30 horas, un fuerte contingente policial compuesto por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y el Ministerio Público iniciaron la inspección en la terminal aérea. Se seleccionaron puntos clave para recolectar indicios y esclarecer cómo se logró enviar casi media tonelada de cocaína en un avión de propiedad del Estado hasta Barajas, España.
Mientras avanza la investigación, algunas instituciones salieron a deslindar su responsabilidad en los hechos. La presidente ejecutiva de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, declaró recientemente que desde su punto de control todo salió en orden y que no tienen autorización para intervenir posteriormente.
Por otro lado, un exfuncionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) precisó que la última instancia que revisa las cargas antes de que entren a una aeronave es la fuerza antidroga, por lo tanto, era su responsabilidad identificar las sustancias controladas.
«La Felcn y BoA son los responsables directos en este caso, porque BoA sabe quién está enviando la mercancía y de qué se trata. Al ocultarla están cometiendo un delito. La Felcn se encarga de revisar y detectar cualquier paquete que contenga drogas», expresó el exfuncionario.
/LMPT
