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El «clan» Añez, Murillo y López desfalcó al Estado $us 2.3 millones, según el Gobierno

Gobierno pedirá extradición de exautoridades del Gobierno de facto de Jeanine Áñez / ABI
La expresidenta Jeanine Añez y los exministro de Gobierno y de Defensa, Arturo Murillo y Luis Fernando López respectivamente serían los cabecillas de un "clan mafioso".

La expresidenta Jeanine Añez y los exministro de Gobierno y de Defensa, Arturo Murillo y Luis Fernando López respectivamente serían los cabecillas de un “clan mafioso” por la compra de gases lacrimógenos en el 2019 con un sobreprecio de 2.3 millones de dólares, así indicó este miércoles en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

“Tenemos que informar al pueblo boliviano, que a través del clan mafioso del Gobierno de la señora Jeanine Añez, (se) ha pagado por lo gases lacrimógenos la suma de 5.7 millones de dólares y realmente estos gases le costaron (…) al Gobierno boliviano 3.3 millones de dólares. (…) estamos hablando de una corrupción de más de 2.3 millones de dólares americanos”, informó la autoridad.

Explicó que de los 2.3 millones de dólares, 582.000 fueron entregados a Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, exjefe de gabinete del exministro de Gobierno, y el resto habría sido dividido entre el “núcleo del clan” que presuntamente estaría formado por Añez, Murillo y López, reportó la Agencia de Noticias Fides.

El 21 de mayo, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) de Estados Unidos detuvo a Méndez Mendizábal por percibir sobornos de $us 582.000 en la compra de gases lacrimógenos, estopines y balines de goma vía intermediarios.

Señaló que, Murillo como Luis Berkman, padre de Bryan Samuel Berkman, dueño de la empresa intermediaria y Méndez tuvieron lazos de amistad desde colegio.

Aseguró que la investigación no viene solamente desde su cartera de Estado, sino que se la realizó también desde el FBI y se busca que Murillo y López sean juzgados en el país y el Gobierno buscará su extradición a través de dos conductos.

Según la autoridad, recalcó que no se trata de una persecución política gestada desde el Gobierno de Luis Arce, ni impulsada desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), sino se trata de buscar justicia.


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