Los cooperativistas auríferos del Norte paceño, afiliados a la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) y a la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte (Fecoman), ratificaron este domingo el inicio de movilizaciones debido a que el Ministerio de Minería y sus dependencias no atendieron sus demandas, entre ellas, resolver el tema de avasallamientos en la población de Mapiri del departamento de La Paz.
El vicepresidente de Ferreco, Roger Coata, informó que el miércoles 25 de agosto se cumplirá una jornada de movilizaciones en la ciudad de La Paz, con marchas que se unirán en gran cabildo en plaza San Francisco, donde iniciarán una serie de protestas y en paralelo exigirán dialogar con el Presidente Luis Arce.
Asimismo, explicó que desde marzo sostienen varias reuniones con autoridades de Gobierno y, lamentablemente, ninguna de ellas dio curso a sus demandas, motivo por el cual las bases decidieron “cercar la ciudad de La Paz” después del cabildo programado este miércoles.
Advirtió que si el Presidente Arce no los convoca se declararán en huelga de hambre en La Paz durante tres días y si no logran ser escuchados tienen programado un bloqueo nacional de caminos.
Los cooperativistas auríferos exigen el cambio del Ministro de Minería, viceministros, directores en general, directores de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) por desconocer la realidad del sector y los perjuicios que están generando al departamento de La Paz al distribuir las regalías a otros departamentos.
Entre otras exigencias se encuentra el proyecto de ley que crea el Seguro de Salud trancada por el Senado Nacional, pese que todas las observaciones fueron atendidas en la Cámara de Diputados.
El sector tampoco aprueba la personería jurídica para la creación de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol) que une a Fecoman y Ferreco, reportó la red Erbol.
La otra demanda es la excesiva burocracia de la AJAM que obstaculiza todas las solicitudes de adecuación para la firma de contratos administrativos mineros, lo cual también perjudica el desarrollo de sus actividades productivas.
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