Oruro Política Sociales

Federación gremial rechaza definitivamente el proyecto de ley 280

Por ello, los comerciantes salieron en una masiva movilización por las calles del capital culminando en un mitin frente a Brigada Parlamentaria de Oruro para hacer eco ante los parlamentarios departamentales y sean ellos los portavoces de su demanda hacia la Sede de Gobierno

La Federación Departamental de Trabajadores Gremiales de Oruro, representada por Abdón Veliz, realizó una marcha masiva en el centro orureño para manifestar su rechazo al proyecto de ley 280 de «Fortalecimiento a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas».

Los secretarios generales de la federación aprobaron esta medida luego del ampliado departamental en la sede gremial realizado la pasada semana. Consideran que este proyecto es «totalmente atentatorio» contra la economía y los «pocos bienes» que tiene la familia gremial, afectando a toda la población en su conjunto.

El proyecto une todas las leyes existentes como la del terrorismo, narcotráfico y ganancias ilícitas, lo cual ha generado el reproche por parte de Véliz: «poniéndonos a los independientes que vivimos del día como si fuéramos lavadores de dólares, narcotraficantes o terroristas».

Por ello, los comerciantes salieron en una masiva movilización por las calles del capital culminando en un mitin frente a Brigada Parlamentaria de Oruro para hacer eco ante los parlamentarios departamentales y sean ellos los portavoces de su demanda hacia la Sede de Gobierno.

El proyecto indica que todos los comerciantes deberían tener declaraciones juradas sobre toda su mercadería. Deberán decir cuál es el origen de sus bienes si tienen un auto o una casa; cuáles son sus ganancias y si no hay justificación inmediatamente serían objeto de detención del propietario y decomiso de sus bienes. Por eso no están conformes con esta iniciativa de ley.

El viceministro Jorge Silva declaró el mes pasado que el proyecto de ley fue retirado de la Asamblea Legislativa y no se retomará hasta que se logre consensuar con la población. Los comerciantes dieron un plazo de 20 días a los parlamentarios nacionales para que no vuelvan a realizar su tratamiento.


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