Con una pequeña marcha y un mitin al frente de la Gobernación orureña, la Asociación de Periodistas y Productores Independientes (APPI) junto al Sindicato de Trabajadores de La Prensa de Oruro, se sumaron al rechazo nacional del proyecto de Ley 305 de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos, promovido por el Gobierno.
Como un acto de protesta, los periodistas se despojaron de sus instrumentos de trabajo; cámaras, micrófonos, celulares y otros, situándolas en plena calle frente a la Gobernación.
Los protestantes denunciaron que el proyecto de Ley 305 elimina la vigencia de la Ley de Imprenta.
El ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Juan Carlos Yapari, señaló a LA PATRIA, que esta norma no solo afecta a la Ley de Imprenta, sino que vulnera y penaliza la protesta social.
“A nivel general, estamos rechazando, hoy estamos haciendo nuestra primera medida, en una semana vamos a tomar medidas más radicales porque tiene que garantizarse la democracia, tiene que garantizarse la libertad de expresión y la libertad de prensa, por eso que nosotros no permitimos que se penalice nuestro trabajo”, manifestó.
Según la Ley de Imprenta, todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura, salvo las restricciones estipuladas.
El dirigente añadió que, no permitirán que las autoridades vulneren dicha ley y que las protestas continuarán.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Periodistas y Productores Independientes, Marco Aguilar, indicó que el proyecto de Ley 305, pretende convertirse en una mordaza para los periodistas.
Demandó que la norma sanciona con privación de libertad, de tres a siete años para quienes emitan criterios que sean considerados como discriminadores o racistas.
“Esto es algo que no lo vamos a permitir y estamos unidos con esta primera movilización para hacerles conocer a las autoridades en el ámbito local y nacional que para eso hay una Ley de Imprenta”, ratificó.
Consideró que, de aprobarse el proyecto de ley, no existiría la libertad de expresión, ni de emitir un criterio propio.
“Que pasa con aquel periodista que entrevista a alguien, hace una cobertura y esa apersona emite un criterio o una palabra que pueda ser considerada como discriminadora y racista, nos van a meter a la cárcel”, lamentó a tiempo de manifestar que su organización se une al rechazo nacional.
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