La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), objetó por segunda vez la designación del Procurador General del Estado, Alberto Javier Morales Vargas, por no cumplir con los requisitos de acuerdo a la Ley 064 de la Procuraduría, que dispone que para asumir el cargo no debía haber patrocinado procesos judiciales contra el Estado durante cinco años anteriores a su nombramiento.
“Se ha observado la designación del Procurador porque el viola la Ley, ya que ha patrocinado muchos procesos en contra del Estado. (…) el procurador tiene que ser destituido porque no cumple con los requisitos que tiene la Ley de la Procuraduría, y serán los nuevos mandatarios quienes tienen que designar a otra persona en este cargo tan importante”, sostuvo ayer la presidenta de la instancia legislativa, Eva Copa.
El pleno de la ALP observó que Morales interpuso una acción en contra del Estado y la patrocinó como abogado hasta después de la finalización de esta, en fecha 14 de enero de 2016, mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional 0061/2016-S1, incumpliendo lo establecido en la Ley 064 de la Procuraduría.
Morales fue posesionado como Procurador General del Estado el 21 de septiembre, sin embargo, el 8 de octubre dejó el cargo, luego que la ALP, notificara a la Presidente Jeanine Áñez, sobre la resolución que la mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS), aprobó para la objeción de su designación. El 14 de octubre, la jefa de Estado volvió a posesionar a Morales en el cargo.
Morales fue objetado por la ALP la primera vez, luego de revelar mediante un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), acerca de depósitos millonarios a las cuentas del exministro de Economía Luis Arce y su esposa Lourdes Brígida Durán, exgerente del Banco Unión, por seis millones de bolivianos entre 2006 y 2020.
