Mediante un pronunciamiento la bancada de diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) rechazó las acusaciones de traición a la Central Obrera Boliviana (COB), quienes al medio día, a través de su Secretario Ejecutivo, Juan Carlos Huarachi y el denominado “Pacto de la Unidad” anunciaron un cuarto intermedio en los bloqueos y movilizaciones.
“Ninguna Diputada o Diputado del MAS-IPSP ha sostenido ninguna reunión o conversación con servidores públicos o autoridades del Órgano Ejecutivo, del Tribunal Supremo Electoral, ni con jefes de Bancada de otras tiendas políticas, para pactar, acordar o negociar una nueva Ley de postergación de las elecciones generales”, se lee en el primer punto del pronunciamiento.
PRONUNCIAMIENTO-DIPUTADOS-DEL-MAS-IPSP-ESTARÁN-SIEMPRE-CON-SU-PUEBLOAclaran también dentro del documento que “tampoco se ha solicitado o sostenido ninguna reunión o conversación con personeros de la Iglesia Católica, Unión Europea o de Naciones Unidas para que apoyen o sean garantes de la Ley”.
En los párrafos siguientes explican los alcances y detalles de Ley de Elecciones y aseguran que “la Ley NO FIJA como fecha el 18 de octubre de 2020 para las elecciones generales, la determinación de la fecha es atribución constitucional exclusiva del Tribunal Supremo Electoral”.
La bancada del MAS finaliza el documento indicando que rechazan “la represión policial y la persecución a dirigentes en diferentes lugares del país” y condenan “el atentado terrorista que sufrieron nuestros hermanos de la Central Obrera Boliviana y de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa”.
GOBIERNO
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, está empezando a quedarse solo, después de que al menos el 50% de los bloqueadores dejó su medida de presión, aseveró este viernes el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca.
Se está quedando «totalmente solo en este momento, él ya debería deponer sus acciones porque tiene que actuar con responsabilidad. Por más que una persona tenga el derecho legítimo a la huelga y a la protesta, estos derechos acaban cuando empiezan (a afectarse) los derechos de otros y aquí han ocurrido actos contrarios a la Constitución, a las leyes y esos actos van a tener que ser investigados, procesados y sancionados», le dijo a ABI.
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