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Fiscalía pide diez años de prisión para exministro de Hidrocarburos y expresidente de YPFB

Soliz y Zamora cuando eran autoridades en 2020 /YPFB
La acusación es por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

Debido a la presunta contratación irregular de seguros, la Fiscalía presentó recientemente una acusación formal para llevar a juicio al exministro de Hidrocarburos del Gobierno transitorio, Víctor Hugo Zamora, el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz Montenegro y dos exfuncionarios de la estatal petrolífera.

Las otras dos personas acusadas son la exgerente Legal de YPFB, Elizabeth García y el ciudadano Daniel Terrazas, ambos tienen medidas cautelares en este proceso, informó este martes, el director de la Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aldrin Barrientos.

Asimismo, desde el Ministerio Público se solicitó la sentencia condenatoria de diez años de cárcel para todos los implicados.

“Por todos estos delitos, el Ministerio Público solicita la sentencia condenatoria para todos los responsables y la pena máxima de diez años de prisión, más agravantes y criterios de concurso real”, manifestó Barrientos.

La acusación es por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, según informó la red Erbol.

La Fiscalía señaló que la contratación directa de seguros generales realizada por YPFB en 2020 fue irregular, ya que se realizó en la modalidad de emergencia, cuando la norma no permite aplicar esta excepcionalidad en ese tipo de casos.

Herland Soliz es acusado de emitir deliberadamente una resolución, vulnerando las normas, para realizar la contratación y que dicho acto fue convalidado por el exministro Zamora.

Según Barrientos, Zamora y Soliz enfrentan este proceso en calidad de rebeldes.
“Debido a que se los acusó por delitos de corrupción pública se encuentra habilitado el juicio en rebeldía, debido también a que ambos cuentan con mandamientos de aprehensión emitidos por la autoridad judicial competente”, aseveró.

La Fiscalía aclaró que el proceso de contratación observado fue dejado sin efecto, pero los daños identificados tienen que ver con el funcionamiento del aparato estatal y el perjuicio a YPFB.

/NVY