Como respuesta institucional a la crisis que desencadenó la “ola” de protestas de octubre de 2019 en reclamo de mayor igualdad de derechos y bienestar social, se inició este domingo en Chile, la Convención que redactará una nueva Constitución.
Los 155 convencionales electos, entre ellos 77 mujeres y 78 hombres, elegidos en una votación paritaria la cual reservó 17 escaños para pueblos indígenas, tienen la misión de redactar la Constitución que reemplazará la actual, escrita inicialmente por una pequeña comisión durante la dictadura de Augusto Pinochet y aprobada en 1980 en un proceso cuestionado.
En los últimos 30 años de democracia chilena tuvo varias reformas, pero mantuvo su esencia para sostener un modelo económico ultra liberal que originó progreso y también desigualdad, lo que provocó las masivas protestas, algunas muy violentas, hace 20 meses.
La heterogeneidad de los integrantes que juramentarán este domingo como convencionales, en su mayoría independientes con afinidades de izquierda y sin experiencia en cargos públicos, indica la esperanza que será un órgano obligado a alcanzar acuerdos.
Esta misma diversidad de posturas y orígenes incremente el temor de agudizarse las discusiones y finalmente el texto no logre cumplir con las expectativas ciudadanas.
«Está todo el país representado y se van a sentar a dialogar, a conversar el país que queremos. Por primera vez veo que hay una instancia de tanto poder como ésta en la que no están detrás los poderes fácticos», manifestó una de las voces más influyentes en Chile, el sacerdote jesuita, Felipe Berríos, según reportó la agencia AFP.
Representantes de los pueblos indígenas criticaron al Gobierno por no asegurar las condiciones para que se cumplan algunos requisitos que impone su cosmovisión y otros se quejaron por la falta de presupuesto para asesorías.
La jornada pasada, al menos 60 constituyentes firmaron una carta en la que demandan «garantías democráticas para la sana instalación de la Convención», en la que exigen, entre otros puntos, la liberación de presos de la revuelta social de 2019.
La Convención tendrá nueve meses para redactar el nuevo texto, que será luego sometido a un plebiscito ratificatorio con voto obligatorio, podrá ser prorrogable sólo una vez por tres meses más.
Según el acuerdo político que dio lugar al proceso, el Órgano Constituyente «tendrá como único fin redactar la nueva Carta Fundamental, sin afectar las competencias y atribuciones de los demás órganos de Estado».
Asimismo, no podrá tampoco alterar los quórums ni procedimientos para su funcionamiento y adopción de acuerdos, establecido en una mayoría de dos tercios de sus miembros.
Como primera función, esta Convención deberá redactar su propio reglamento, un asunto que algunos creen que podría demorar, restando tiempo a la elaboración de la nueva Constitución.
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