Las bancadas de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos denunciaron este jueves 25 de enero que el Gobierno persigue a través de la justicia a los legisladores de oposición que denuncian actos de corrupción, y existe la intención de censurar su derecho a la fiscalización.
El jefe de bancada de CC, Enrique Urquidi, aseguró que el Presidente Luis Arce utiliza a sus operadores en el Órgano Judicial y en el Ministerio Público para amedrentar a los diputados fiscalizadores, mediante procesos que no tienen ningún fundamento.
Casos específicos bajo sospecha
Se refirió específicamente a los casos de su colega Luciana Campero y Erwin Bazán de Creemos, a quienes se les iniciaron procesos legales tras denunciar actos de corrupción en empresas estatales, todo con el fin de evitar que sigan investigando.
«Nos declaramos en emergencia y, por lo tanto, no vamos a permitir que la tiranía judicial con magistrados usurpadores evite que los opositores hagamos nuestra tarea de investigar y denunciar todos los hechos de corrupción que diariamente comete este Gobierno», sentenció Urquidi.
Amenaza contra la fiscalización legislativa
Aseguró que todos los procesos son amañados y atentan contra la responsabilidad que tienen los legisladores para fiscalizar al poder político, garantizada por el artículo 151 de la Constitución Política del Estado (CPE). Según su criterio, esta es otra estrategia para cercenar al Legislativo, tal como pasó cuando se suspendieron las interpelaciones a ministros.
Sin embargo, Urquidi anunció que como bancada opositora activarán todos los mecanismos disponibles para evitar que se siga atentando contra la constitucionalidad de la Asamblea. «No nos vamos a arrodillar ante la persecución política», aseguró el jefe de bancada de CC.
