Los juicios “golpe de Estado I y II” son políticos y no buscan justicia para las víctimas de los hechos suscitados en noviembre de 2019, aclaró en pasadas horas en un comunicado el activista de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y representante de las víctimas de Senkata y Sacaba, David Inca.
El activista pidió a los políticos y medios de comunicación que no confundan los juicios golpe de Estado I y II como mecanismos de búsqueda de justicia para las víctimas de la sociedad civil, porque este último grupo aún no se beneficia en ningún proceso judicial y son utilizados en discursos políticos que reducen los hechos del 2019 a “fraude” o “golpe”.
“Estos dos procesos denominados mediáticamente golpe I y II, no contempla a las víctimas de las masacres porque, no son las víctimas importantes, las víctimas importantes son presidentes del Estado, de la Asamblea Legislativa, del Senado y de Diputados, las sentencias de estos casos sólo beneficiarán a esas cuatro víctimas y a la dicotomía interesada”, afirmó Inca.
El caso “golpe de Estado I”, impulsado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, juzga los delitos de terrorismo, sedición y conspiración; las víctimas en ese proceso son Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Ezequiel Borda.
Respecto al caso “golpe de Estado II”, el proceso fue iniciado por el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes. Las víctimas en esta causa son Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Ezequiel Borda.
En ninguno de los dos procesos contra las autoridades del gobierno transitorio de Jeanine Áñez se contempla como víctimas a los civiles heridos, torturados y fallecidos en la crisis política de 2019.
El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz condenó en días precedentes a la expresidente de Bolivia, Jeanine Añez a 10 años de prisión por los delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución” e “incumplimiento de deberes”, en uno de los varios procesos que la justicia boliviana sigue a la exmandataria, que se encuentra en prisión desde hace más de un año.
El juicio se refirió a la actuación de Añez tras la renuncia de Evo Morales en 2019 y su posterior proclamación como Presidente, acciones que la acusación consideró como un “golpe de Estado”.
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