El ministro de Justicia, Iván Lima, fue acusado de manejar a la justicia boliviana para intimidar a las autoridades contrarias al Gobierno, las declaraciones las dio en pasadas horas el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón.
“Alcaldes que podrían haber representado de manera sólida este clamor ciudadano de sus regiones de hacer el Censo el 2023, y en ese mismo año hacer la redistribución de los recursos económicos, tienen nuevos procesos penales con el nuevo zar de la justica Iván Lima, es el que maneja el sistema judicial y los tienen amedrentados y están en estado de vulnerabilidad cuando van a estas reuniones con el Gobierno”, afirmó Alarcón.
Los alcaldes de las nueve capitales del país, más El Alto, se reunieron en horas precedentes con el Presidente del Estado, Luis Arce, para tratar el tema del Censo, pero no llegaron a concretar que el empadronamiento se ejecute el 2023, sino que acordaron en realizar mesas técnicas encabezadas por el Instituto Nacional de Estadística.
Para el legislador de CC, los alcaldes no pudieron plantear sus propuestas porque varias autoridades locales enfrentan procesos penales como Manfred Reyes Villa, Iván Arias y otros.
“Es como cuando te invitaban al circo romano y te bajaba el dedo si no le hacías caso y te subía el dedo si le hacías caso”, manifestó Alarcón.
DECRETO SUPREMO
El Decreto Supremo 4757 pone al Ministerio de Justicia, encabezado por Iván Lima, junto a jueces, fiscales y el Órgano Judicial, como una de las entidades competentes para recibir, evaluar y determinar el alcance de la información que pueda otorgar el “colaborador eficaz”, que es una persona involucrada en delitos de corrupción que delata a sus cómplices.
ANALISTA POLÍTICO
Para el abogado constitucionalista y analista político boliviano, William Bascopé, esa norma pone a Lima como parte del sistema judicial, lo cual conlleva a una mayor injerencia del Ejecutivo sobre la justicia, con fines políticos. Además, alertó que Lima se convierte en un ministro “todopoderoso”, que hará de policía, fiscal y juez y más con el “colaborador” se puede perseguir a quien el Gobierno considere opositor.
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