Se condenó la ejecución de cuatro opositores por la junta militar de Birmania, incluido un antiguo parlamentario, y se reclamó la «liberación inmediata» de los «detenidos de forma arbitraria», incluidos la exlíder “de facto” Aung San Suu Kyi y el expresidente Win Myint, anunció en recientes horas el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.
«El secretario general (de la ONU) condena firmemente las ejecuciones llevadas a cabo durante el fin de semana por el Ejército birmano contra cuatro activistas políticos en Birmania; Phyo Zeya Thaw, Kyaw Min Yu (Ko Jimmy), Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, y ofrece sus condolencias a sus familias», declaró el viceportavoz de Guterres, Farhan Haq.
Asimismo, destacó que Guterres se opone a la imposición de la pena de muerte en todas las circunstancias y añadió que estas ejecuciones, las primeras llevadas a cabo en Birmania desde 1988 marcan un deterioro de un ambiente de Derechos Humanos ya malo en el país asiático, según reporte del portal Europapress.
La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se mostró «conmocionada» por el hecho de que las ejecuciones hayan sido llevadas a cabo pese a los llamamientos de todo el mundo. Criticó que el Ejército realizó dichas ejecuciones despreciando los Derechos Humanos.
«Este paso cruel y retrógrado es una extensión de la campaña represiva del Ejército contra su propio pueblo», añadió, antes de incidir en que las ejecuciones, las primeras en décadas en Birmania, son violaciones crueles de los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de una persona, así como a las garantías a un juicio justo.
«Que el Ejército amplíe sus asesinatos sólo profundizará su implicación en la crisis que ha creado», manifestó Bachelet, quien alertó que más del 30 por ciento de las más de 2.100 personas fallecidas desde el golpe de Estado de febrero de 2021, murieron bajo custodia del Ejército, la mayoría como resultado de malos tratos.
En este sentido, destacó que el Ejército parece poco preocupado por poner fin a la crisis o reducir la violencia, en línea con sus obligaciones internacionales, por no hablar de cualquier tipo de voluntad de respetar el debido proceso, la justicia o el Estado de Derecho, por lo cual reclamó a los países vecinos y la comunidad internacional que hayan rendir cuentas a los golpistas.
A las condenas se ha sumado el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien se refirió sobre los actos condenables de violencia que ejemplifican el total desprecio del régimen por los Derechos Humanos y el Estado de Derecho.
«Desde el golpe de febrero de 2021, el régimen perpetró la violencia contra su propio pueblo, matando a más de 2.100 personas, desplazando a más de 700.000 y deteniendo a miles de inocentes, incluidos miembros de la sociedad civil y periodistas», manifestó la autoridad norteamericana.
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