Para no proporcionar a un senador opositor la hoja de vida de la abogada, Evaliz Morales Alvarado, el procurador General del Estado y exabogado de Evo Morales, Wilfredo Chávez, argumentó en recientes horas el derecho de privacidad y también se escudó en la confidencialidad establecida por un decreto supremo para no remitir informes y los trabajos que realiza la funcionaria pública.
Esa fue la respuesta que recibió el senador de Creemos, Henry Montero ante una petición de informe escrito gestionado desde mayo y que recientemente fue difundida por el legislador con cuatro preguntas al procurador Chávez, quien en principio confirmó que la servidora pública Evaliz fue contratada mediante Resolución Procuradurial N° 185/2020.
Montero solicitó fotocopia de la hoja de vida con documentos que respaldan la formación académica y experiencia; el Procurador respondió que no puede remitir esa información en virtud al derecho de privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad, así como la garantía jurisdiccional previstos en la Constitución Política del Estado, según reporte de la red Erbol.
Con los mismos argumentos, Chávez se negó a remitir el documento que valida la aprobación del curso nativo oficial, certificado que acredita si conoce la Ley 1178-Safco emitido por la Contraloría, así como de la Responsabilidad por la Función Pública.
En torno a los informes y trabajos realizados por la servidora pública señalada, el Procurador se escuda en el Decreto Supremo 4447, afirmando que ese decreto promulgado por el Presidente, Luis Arce, estableció la confidencialidad de la información generada en las contrataciones realizadas en el marco de la normativa señalada, “por la naturaleza estratégica de la defensa legal de los intereses del Estado”.
“En este marco normativo, toda vez que la información elaborada por la Procuraduría General del Estado, tiene carácter estratégico por ser la que defiende los intereses del Estado, la información generada por los Servidores Públicos, dependientes de esta entidad, no puede ser remitida”, señala la parte final de las respuestas al acto de fiscalización.
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