“Los autores de las masacres de 2019 tendrán que pagar su culpa en la cárcel”, afirmó este jueves el diputado partidario del Movimiento Al Socialismo (MAS), Renán Cabezas, al referirse a la denuncia formal presentada por el Comité Impulsor del caso Golpe de Estado.
El legislador indicó que también deben ser investigados quienes fueron parte del Gobierno de la expresidente Jeanine Áñez.
“Tienen que ser investigados los exministros que han firmado ese ´Decreto de la muerte’, (…) incluso quienes han sido parte del gobierno de facto. Se han vulnerado los derechos humanos (…), hay muchas familias que están sufriendo por un ser querido”, demandó Cabezas.
El pasado miércoles, el Comité Impulsor del caso Golpe de Estado formalizó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado en Sucre.
Esta acusación va en contra de los expresidentes Carlos Mesa, Jorge «Tuto» Quiroga; los exlíderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari; los exministros del gabinete de Jeanine Añez; el excomandante de las FF.AA., Williams Kaliman; el excomandante de la Policía Boliviana, Yuri Calderón; y el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín.
La demanda es por los delitos de genocidio, alzamiento armado, conspiración, entre otros, según informó ABI.
“En un debido proceso cada uno tendrá que someterse a las consecuencias, ellos saben que han cometido un delito, también sabían que tendría consecuencias, y ahora tienen que encarar (el caso) de forma valiente”, añadió el Diputado.
El Decreto Supremo 4078 promulgado el 15 de noviembre por la administración de Jeanine Áñez, derivó una serie de conflictos en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto).
El documento fue firmado por los exministros Karen Longaric Rodríguez, Jerjes Enrique Justiniano Atalá, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando Lopez Julio, José Luis Parada Rivero, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, Yerko Nuñez Negrete, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, María Elva Pinckert de Paz, Mauricio Samuel Ordoñez Castillo, Roxana Lizárraga Vega.
Asimismo, Cabezas consideró que los actores políticos que se reunieron en la Universidad Católica Boliviana deben dar explicaciones a la población.
“Cada autoridad y exautoridad de facto tendrá que ser sancionado de acuerdo al grado de culpabilidad que tengan. Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho han influido, porque han participado de la reunión en la Universidad Católica”, manifestó.
/NVY
