Debido a información que circula en contra del subsidio materno infantil, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, resaltó este jueves que no recibió una denuncia formal, indicando que existe un supuesto “ataque político” y “arremetida” contra el modelo económico.
“Sentimos que lamentablemente existe un ataque político gestado por diferentes sectores en contra de los servicios que brinda el Estado. Nosotros, como Viceministerio de Defensa del Consumidor, durante este tiempo no hemos recibido denuncias por parte de ninguna consumidora sobre el subsidio”, señaló la autoridad en conferencia de prensa.
Asimismo, indicó que al referirse a un supuesto “ataque político” no se refería específicamente a María Galindo, sino a empresarios del área de alimentos que, según su criterio, buscan hacer fracasar el modelo económico no sólo con el tema del subsidio, sino con las controversias del pan, trigo, maíz, carne de cerdo y huevos, reportó la red Erbol.
“Estamos sintiendo esta arremetida por parte de algunos empresarios que se pueden favorecerse o perjudicarse por alguna acción que asume el gobierno y esta actividad de los empresarios tiene la coincidencia que está ligada a la alimentación”, indicó.
Subrayó que no recibió denuncias sobre subsidios, pero instó a la población a emitir sus quejas en oficinas del Ministerio de Justicia a nivel nacional o la línea 800 10 0202.
Críticas contra Sedem
En días precedentes, se difundieron denuncias de sobreprecios, maltrato y hasta discriminación en la entrega del subsidio y fue la activista María Galindo, quien difundió las denuncias de madres de familia que expresaron sus quejas contra el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem).
Por su parte, la gerente del Sedem, Fátima Pacheco, explicó que, supuestamente por el “principio de solidaridad”, los precios que tienen los productos del subsidio son los mismos a nivel nacional.
Sostuvo que la distribución llega a pueblos indígenas, mediante brigadas móviles, al mismo precio; asegurando que son productos de calidad y que los proveedores saben la dificultad de acceder a estos contratos.
En tanto, atribuyó a “malos intermediarios” la responsabilidad por las quejas de usuarias, por lo cual resaltó que en esta gestión se cambió la estrategia para que empresas estatales distribuyan los productos y reduzcan precios.
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