El proyecto de ley 218 contra la legitimación de ganancias ilícitas es un peligro para la libertad de expresión, establecido en el artículo 11 de la norma que fue aprobada en la Cámara de Diputados y que por ahora está suspendida por el Senado hasta su socialización.
La advertencia fue realizada la pasada jornada por el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Pedro Glasinovic, durante una entrevista en Radio Panamericana.
Indicó que el fin de semana se realizó una conferencia de las nueve asociaciones departamentales de la prensa en la ciudad de Cochabamba, donde se efectuó un análisis y se concluyó que es un riesgo inminente para la libertad de expresión, especialmente para el secreto en materia de imprenta.
“La Ley de Imprenta en su artículo octavo dice que el secreto en materia de imprenta es inviolable y es bajo este paraguas legal, que los periodistas ejercemos nuestro trabajo, porque nos permite investigar hechos anómalos, hechos de corrupción principalmente”, indicó.
Subrayó que los periodistas bajo el “paraguas legal”, los periodistas pueden denunciar los hechos de corrupción, porque de lo contrario no se podría hacerlo y estarían sujetos a la jurisdicción penal.
Artículo
El artículo 11 del proyecto de ley 218, lo que hace es anular el artículo octavo de la Ley de Imprenta, pero además, establece serias violaciones a los artículos 21, 106 y 107 de la Constitución Política del Estado, que establece la plena Libertad de expresión, no solo para los periodistas, sino para todo el pueblo boliviano. Asimismo, se establece que los periodistas trabajan bajo la autorregulación mediante el Tribunal de Ética Periodística y la Ley de Imprenta.
El artículo 11 del proyecto de ley de ganancias ilícitas, se refiere a la exención de secreto o confidencialidad y reza de la siguiente manera:
“No se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales u otro, cuando la UIF (Unidad de Investigación Financiera) requiera información en el marco de sus atribuciones; esta información será obtenida de manera directa en el plazo y condiciones que la UIF establezca al efecto, sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal, ni trámite previo alguno y estará libre de todo pago o costo judicial o administrativo”.
Conferencia
Durante la conferencia nacional, los periodistas exigieron la anulación del proyecto de ley y en especial del artículo 11, porque es un gran riesgo para la libertad de expresión, reiteró Glasinovic.
Respecto a la socialización o consenso del mencionado proyecto, los periodistas no fueron notificados por el Gobierno.
“Más bien hace horas han disparado una campaña a través de los medios de comunicación, afirmando que el proyecto no daña el trabajo de los periodistas, eso es lo que dice su propaganda. El documento del proyecto dice lo contrario y es absolutamente claro cuando establece ese tipo de restricciones, cuando obligará a los periodistas a revelar su fuente de información, no solo a los periodistas, sino a cualquier ciudadano de este país”, señaló.
Resolución
La parte central del documento de los periodistas afirma: “Rechazamos vehementemente la pretensión de leyes disimuladas en contra de la libertad de prensa, el verticalismo y manipulación de informaciones, los tráficos y coerciones en contra de periodistas y de medios independientes.
Exigimos que el paquete de normas contra la democracia sea retirado de la economía del país. Llamamos a quienes tienen que tomar decisiones por la transparencia política actúen con responsabilidad antes de endilgarnos propósitos que están muy lejos de nuestro compromiso con la verdad, la democracia y solo la libertad de expresión y prensa, porque sin libertad de expresión no hay democracia. Esta muere en la oscuridad de las pasiones autoritarias”.
