Ministerio de cultura: no más botín ideológico

Las leyes obligan tanto a los ciudadanos como a las autoridades. La existencia de una entidad estatal encargada de la cultura no constituye un simple requerimiento burocrático. Responde a la necesidad de contar con una institución nacional capaz de formular políticas públicas, ejercer tutela jurídica, coordinar acciones de salvaguardia y representar al Estado ante los organismos internacionales responsables de la protección del patrimonio cultural.

Comprendemos el desencanto de quienes, durante años, comprobaron que esa cartera de Estado no fue provista de suficiente autoridad, recursos ni capacidad institucional para cumplir adecuadamente sus funciones. Sin embargo, el Ministerio de Cultura debe existir. Debe existir no para reproducir las prácticas del pasado, sino para desmontar veinte años de conducción político-partidaria, centralismo, improvisación, omisiones y utilización ideológica de la cultura.

Oruro nunca dependió de ese ministerio para alcanzar sus principales conquistas culturales. El reconocimiento del Carnaval de Oruro, su defensa histórica y su proyección internacional fueron resultado del esfuerzo de sus instituciones, investigadores, portadores, conjuntos, artistas y ciudadanos. La intervención estatal fue, en demasiadas ocasiones, tardía, insuficiente o funcional a intereses ajenos a las verdaderas necesidades de la Obra Maestra.

Para determinados sectores, la existencia del ministerio no representó apoyo efectivo ni fortalecimiento institucional. Sirvió, más bien, para encubrir irregularidades, tolerar la ingobernabilidad organizativa y económica, desatender el tráfico y la apropiación indebida del patrimonio y posponer indefinidamente las demandas de defensa internacional de nuestro acervo cultural.

Todavía permanece en la memoria de Oruro la actuación de autoridades que, en escenarios internacionales, asumieron posiciones débiles y permisivas frente a la apropiación y utilización externa de expresiones patrimoniales vinculadas al Carnaval. El Estado no puede presentarse ante el mundo como custodio de su patrimonio mientras guarda silencio cuando este es tergiversado, trasladado, comercializado o reivindicado por terceros.

Ha llegado la hora de asumir un verdadero desafío institucional. No basta emitir votos o pronunciamientos para restituir un ministerio si el mismo gobierno que lo suprimió pretende rehabilitarlo con los mismos propósitos, las mismas prácticas y los mismos operadores responsables de su deterioro.

No puede reconstruirse una institución cultural con estructuras humanas contaminadas por el sectarismo, el clientelismo y el oscurantismo ideológico. Tampoco puede convertirse nuevamente la cultura en instrumento de propaganda ni utilizarse una determinada visión del Abya Yala para negar, sustituir o subordinar la diversidad histórica, regional y patrimonial del país.

Oruro ha soportado demasiado.

Soportó la caída de una pasarela que provocó muerte y luto, sin que las responsabilidades institucionales fueran plenamente esclarecidas ante la sociedad. Soportó atentados con explosivos y hechos violentos que dejaron víctimas. Soportó actos ofensivos contra la imagen de la Virgen del Socavón. Soportó la progresiva invisibilización de su jerarquía patrimonial, al pretender reducir la Obra Maestra a un festival más dentro de una programación genérica de carnavales.

Soportó también la pérdida, paralización o falta de transparencia en la administración de recursos destinados a la gestión de la Obra Maestra. Soportó la interrupción de la segunda etapa del Catálogo UNESCO-PASCO y la ausencia de explicaciones suficientes sobre los fondos comprometidos. Soportó decisiones estatales que afectaron el derecho de Oruro a gestionar y comercializar la transmisión de su principal manifestación cultural.

Todos estos hechos deben ser investigados, documentados y esclarecidos. No corresponde formular nuevas promesas mientras persistan el silencio, la impunidad administrativa y la falta de rendición de cuentas.

Quienes en el pasado alcanzamos objetivos serios para Oruro lo hicimos, muchas veces, sin el respaldo de esa estructura centralista. Lo hicimos mediante trabajo institucional, investigación, planificación, participación ciudadana y compromiso con la defensa del patrimonio.

Por ello, el desafío inmediato no consiste únicamente en exigir la reposición de un Ministerio de Cultura. Consiste en aplicar efectivamente la autonomía reconocida por la Constitución y lograr que la Gobernación y el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro asuman las competencias, responsabilidades y obligaciones que el ordenamiento jurídico les atribuye.

La gobernanza cultural del Carnaval de Oruro debe construirse desde Oruro, con participación de sus portadores, instituciones, investigadores, conjuntos y ciudadanía. Las decisiones fundamentales sobre su salvaguardia, administración, promoción turística, documentación, defensa jurídica y proyección internacional no pueden continuar subordinadas a despachos centralistas ni a intereses político-partidarios.

Oruro necesita iniciativas propias para recuperar su institucionalidad cultural, proteger su patrimonio, fortalecer el turismo y poner al servicio del departamento sus capacidades humanas, históricas y creativas. Necesita una política cultural seria, permanente y técnicamente sustentada.

Que exista un Ministerio de Cultura, pero que sea otro. Que no sea nuevamente un botín ideológico.

Que no esté administrado por los mismos ni destinado a favorecer a quienes durante veinte años medraron de la cultura, debilitaron nuestras instituciones y atentaron contra nuestra historia, nuestros valores y nuestra identidad.

Bolivia necesita una institución cultural al servicio del patrimonio y no del partido; al servicio de los pueblos y no de las facciones; al servicio de la memoria, la diversidad y la dignidad nacional.

Y Oruro exige que nunca más se decida sobre su patrimonio sin Oruro. ANR

* Ascanio J. Nava Rodriguez
Escritor, folclorista e investigador