Una nueva etapa de nuestra crisis sistémica

Una nueva etapa de nuestra crisis sistémica

Bolivia atraviesa nuevamente un momento de alta tensión política y social. Los bloqueos en el altiplano pueden extenderse a otras regiones del país. Los episodios de violencia extrema, el cerco económico y la creciente sensación de ingobernabilidad no son hechos aislados ni coyunturales.

Son señales de una crisis sistémica de transición histórica, donde colisionan problemas estructurales no resueltos y tensiones sociales acumuladas. Esto se suma al intento desestabilizador de Evo Morales y a los errores recientes de conducción política.

Una primera causa de esta crisis es el sobreempoderamiento de las organizaciones campesinas, los grupos corporativos y los sectores populares. Esto ocurre sin una transformación sociopolítica sostenible ni una modernización estructural del Estado.

En muchos casos, el poder fue trasladado sin construir mecanismos estables de institucionalidad democrática, meritocracia o equilibrio republicano. El resultado fue un esquema de gobernanza dependiente de pactos corporativos, distribución de rentas y control político de los sectores sociales.

El colapso de este modelo y la crisis económica, además del incremento de la pobreza, las medidas de ajuste y el desplazamiento político de las dirigencias sindicales, produjeron un escenario de frustración en ciertos segmentos populares. Hoy recurren a la violencia y la presión, demandando en las calles lo que perdieron en las urnas.

Por otro lado, nuestro país se ha convertido en un espacio estratégico para organizaciones del crimen organizado y para intereses de la izquierda radical latinoamericana. Tras perder influencia en otros países de la región, encuentran en Bolivia una trinchera de sobrevivencia o fortalecimiento, debido a la inermidad estatal, la fragmentación institucional y la persistencia de estructuras de movilización altamente radicalizadas.

También existen detonantes inmediatos y errores políticos evidentes. El gobierno ha mostrado enormes dificultades para manejar los tiempos políticos y la comunicación. La reacción tardía y poco eficiente, la ausencia de un plan de estabilización claro y creíble, las contradicciones internas, los mensajes ambiguos y la incapacidad para construir acuerdos políticos sólidos han profundizado la incertidumbre. A ello se añade una percepción creciente de permisividad estatal frente a medidas de presión extremas y discursos abiertamente violentos.

La ciudadanía percibe que el Estado perdió capacidad de disuasión y control territorial frente a los bloqueos prolongados que paralizan regiones enteras sin consecuencias claras. La situación es muy delicada y exige lucidez y firmeza. El riesgo es entrar en una situación en la que colapsen simultáneamente la confianza política, la estabilidad económica y la cohesión social.

En este escenario, el gobierno parece enfrentar tres posibles caminos. El primero es el uso sostenido de la fuerza represiva estatal y la aplicación estricta de la ley para recuperar control territorial y autoridad institucional. Este camino, que debiera aplicarse en un Estado de Derecho, puede producir una estabilización temporal. Sin embargo, también puede descontrolarse si no está acompañado de legitimidad política y capacidad de conducción estratégica.

El segundo es una negociación política que implique no solamente acuerdos coyunturales, sino un cambio radical en el modelo de gobernabilidad. Eso exigiría reconocer el fracaso del plan de estabilización actual, construir consensos mínimos sobre las medidas económicas y la institucionalidad democrática, además de redefinir la relación entre Estado, organizaciones sociales y regiones.

La tercera alternativa sería buscar una nueva legitimidad política mediante un referéndum nacional sobre las medidas de ajuste y el propio modelo económico y político. Esto podría permitir reconstruir el respaldo ciudadano, otorgar más poder al gobierno y reducir la incertidumbre respecto al rumbo del país.

El desafío de Bolivia ya no es únicamente económico ni exclusivamente político. Pasa por definir si el país puede reconstruir un proyecto común de convivencia, institucionalidad y desarrollo en medio de una sociedad cada vez más fragmentada y desconfiada.

Cuando las sociedades dejan de creer en el futuro compartido, la conflictividad deja de ser un episodio transitorio y comienza a convertirse en una forma permanente de organización social.