La Constitución no se modifica por ley

Por: José Luis Toco

La presentación de un proyecto de ley que pretende autorizar la designación de magistrados “interinos” para el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia constituye un grave atentado contra el orden constitucional y una peligrosa señal de que el Gobierno ha optado por profundizar la crisis institucional mediante mecanismos abiertamente ilegales.

La Constitución Política del Estado es clara al respecto, el acceso a las más altas magistraturas del país está regulado por normas constitucionales específicas que no pueden ser alteradas por una ley ordinaria, en ninguna disposición constitucional existe la figura de magistrados interinos, ni se otorga a la Asamblea Legislativa la facultad de designarlos, pretender crear esa figura mediante una ley constituye una usurpación del poder constituyente y una flagrante violación del principio de supremacía constitucional.

El artículo 410 de la Constitución establece que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y prevalece sobre cualquier otra disposición legal, en consecuencia, ninguna ley puede crear competencias inexistentes, modificar el procedimiento constitucional de designación de magistrados o sustituir la voluntad del constituyente, cualquier norma que contradiga la Constitución nace viciada de nulidad y representa un precedente extremadamente peligroso para el Estado de Derecho.

No existe vacío jurídico que justifique semejante iniciativa. Las dificultades políticas o la incapacidad del Gobierno para garantizar una renovación oportuna de las autoridades judiciales no autorizan a desconocer la Constitución, las crisis institucionales se resuelven dentro del marco constitucional, nunca vulnerándolo.

Más preocupante aún es el mensaje político que transmite este proyecto, en lugar de asumir su responsabilidad por la crisis de la justicia, el Gobierno pretende convertir una situación excepcional en un mecanismo permanente de control político sobre los máximos tribunales del país, se busca reemplazar la independencia judicial por una dependencia política construida desde la Asamblea Legislativa.

Lo más grave es que esta iniciativa reproduce una práctica que Bolivia ha sufrido durante los últimos años, cuando la Constitución representa un límite para el poder, se intenta modificar su alcance mediante interpretaciones forzadas o leyes incompatibles con su texto, así ocurrió con otras decisiones que debilitaron la institucionalidad democrática y hoy se pretende repetir el mismo camino creando una figura inexistente en la Constitución.

La ilegalidad no puede seguir siendo el método de gobierno, “métele nomas y después lo arreglan lo abogados” era el cotidiano de Evo Morales, ningún gobierno tiene legitimidad para violar la Constitución bajo el pretexto de resolver una crisis que él mismo contribuyó a generar, la reiteración de actos inconstitucionales no los convierte en legales, únicamente consolida un modelo de ejercicio arbitrario del poder y profundiza la desconfianza ciudadana en las instituciones.

Exigimos el retiro inmediato de este proyecto de ley y demandamos que cualquier solución a la crisis judicial se construya con estricto apego a la Constitución Política del Estado, al principio de separación de poderes y al respeto irrestricto del Estado de Derecho.

Bolivia necesita una justicia independiente, autoridades legítimas y seguridad jurídica, lo que no necesita es otro intento de sustituir la Constitución por la voluntad política del gobierno de turno, la Constitución se respeta; no se interpreta según la conveniencia del poder de turno.