Tras la reunión del Presidente Luis Arce con las organizaciones sociales, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, ratificó el martes 9 de enero que se debe realizar un nuevo congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS), por lo que seguirán exigiendo a Evo Morales que coordine una convocatoria.
Prada explicó que durante la reunión, dirigentes y autoridades de gobierno realizaron un análisis de la coyuntura del país, los resultados obtenidos en 2023 y cómo se abordará esta nueva gestión. Sin embargo, una de las principales preocupaciones fue la unidad dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Convocatoria consensuada según estatuto del MAS
«En ese marco, se habló sobre un congreso que debe convocarse en consenso con las organizaciones sociales matrices y fundadoras, tal como establece el artículo 13 del estatuto del MAS. Debe coordinarse con los dirigentes legítimos y hoy demostraron quiénes son», declaró la ministra.
Diferencias entre organizaciones sociales reconocidas y «evistas»
Prada aseguró que las organizaciones sociales que se reunieron hoy con Arce son reconocidas por la Central Obrera Boliviana (COB) y están trabajando desde sus sedes legales, a diferencia de los dirigentes «evistas», quienes no tendrían ninguna autoridad ya que no surgieron de ningún congreso.
Por tanto, la ministra ratificó las palabras del mandatario y aseguró que el pedido de las organizaciones es justo. Por lo tanto, seguirán intentando acercarse a Evo Morales para coordinar una nueva fecha; sin embargo, el expresidente rechazó llevar a cabo un nuevo congreso.
TSE anula congreso del MAS y falta directiva registrada
Por su parte, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Juan Villca, explicó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio un plazo de seis meses a las fuerzas políticas para registrar sus nuevos directorios, pero el congreso del MAS fue anulado, por lo que no hay una directiva del partido registrada.
«Sí o sí debe haber una mesa en la que Morales se siente como representante del MAS y los ejecutivos de las organizaciones sociales, contemplados con nombre y apellido en el estatuto. Una vez que esto ocurra, se debe consensuar esta convocatoria en un plazo máximo de 90 días; estamos en cuenta regresiva», declaró la autoridad.
Opciones abiertas para hacer valer derechos
En ese sentido, reiteró que las organizaciones sociales ya notificaron al expresidente tres veces y, ante su negativa a responder, tienen todas las opciones abiertas para tomar medidas y hacer valer sus derechos.
