Una serie de vulneraciones en contra de las libertades fundamentales, el derecho a la protesta y la institucionalidad democrática, fueron detectadas en la movilización del sector de salud, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), profesionales, gremiales y otros por la ciudad de La Paz, en días precedentes, informó el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas.
El 21 de julio se convocaron a una serie de movilizaciones en la ciudad de La Paz; incluida la de afiliados al Colegio Médico en contra de la persecución política; la de gremiales en rechazo al artículo 11 del proyecto de Ley 249 de Lucha Contra el Contrabando.
Asimismo, se sumaron a la movilización en contra de la persecución política afiliados al Colegio de Arquitectos; esposas de policías por los procesos internos que dieron de baja a 20 uniformados y el Conade se adhirió a estas movilizaciones.
El MAS buscó contrarrestar las movilizaciones
El día de las protestas, organizaciones ligadas al Movimiento Al Socialismo (MAS) se organizaron para contrarrestar estas movilizaciones.
Mediante una página de Facebook denominada “Coordinadora de organizaciones, colectivos y bloques de La Paz y El Alto”, estas personas se organizaron para “defender” al Gobierno.
La marcha partió de la zona de Miraflores al centro de la ciudad, y las organizaciones del “partido azul” los interceptaron, atacando a los manifestantes con piedras, tomates y petardos.
La representante de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, denunció que los “masistas” portaban cuchillos y palos.
Para Unitas, la protesta desempeña un papel fundamental en el desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas democráticos y está estrechamente relacionada con el ejercicio de la libertad de expresión.
“Los actores políticos responsables jerárquicamente de que una manifestación se lleve a cabo sin violencia por parte de fuerzas de seguridad también deben responder cuando no son respetados los derechos de los manifestantes, cuando las fuerzas de seguridad exceden los límites de uso de la fuerza, o los manifestantes son agredidos por terceros”, establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Aprehensión a activistas
Por otro lado, desde Unitas mencionaron la aprehensión de ocho personas el día de la movilización, como resultado de las agresiones entre ambos bandos: los integrantes de la marcha multisectorial y los afines al MAS.
De las ocho personas cinco fueron liberadas y Rodolfo Augusto R. O., Mauricio Alejandro B.H., y Ricki Blas F. R. fueron enviados a la cárcel de San Pedro con detención preventiva.
La defensa de los detenidos, Carmen Arista, denunció que ninguno tenía armas ni explosivos, pero pese a ello fueron procesados por tenencia y portación ilícita de armas no convencionales.
“Están criminalizando a que el ciudadano vaya y salga a una marcha”, subrayó.
Exhibición de detenidos
En junio de este año, el investigador senior de Human Rights Watch (HRW), César Muñoz, cuestionó la exposición de personas aprehendidas que hace el Ministerio de Gobierno, y aun así, el titular de esta cartera, exhibió a los detenidos de esta marcha en sus redes sociales.
El Observatorio resaltó que la presunción de inocencia es uno de los pilares de un Estado democrático de derecho y es condición indispensable del debido proceso legal.
“Impone la carga de la prueba a la acusación, garantiza que no se presuma la culpabilidad a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable, asegura que el acusado tenga el beneficio de la duda, y exige que las personas acusadas de un delito sean tratadas de conformidad con este principio”, establece un boletín institucional.
Ante la situación, el hecho de que presente públicamente a personas que están siendo investigadas por la presunta comisión de cualquier delito “vulnera este principio”.
Militares “infiltrados”
Tras la movilización, el abogado de los tres jóvenes que recibieron detención preventiva, Fabián Toro, reveló que presuntamente hubo militares infiltrados en la marcha multisectorial, los cuales fueron detenidos por la Policía, pero luego liberados de manera irregular.
Por su parte, Arista identificó a los militares como Oscar Sánchez Céspedes, Hugo Herrera Mercado, Álvaro Barcaya Mamani y Luis Alfredo Lero, quienes aparentemente usaron nombres falsos para incrustarse en las organizaciones.
Según criterio de Unitas, el monitoreo de las actividades regulares de organizaciones políticas y sociales; además del registro y almacenamiento de información obtenida por medio de su infiltración son acciones ilegítimas.
También indicaron que son acciones contrarias a los estándares interamericanos, lo cual viola los derechos de libertad de reunión y asociación y de participación política.
Utop presuntamente con vínculos con el narcotráfico
Otro elemento irregular evidenciado por el Observatorio consiste en la denuncia del diputado Miguel Roca, quien aseveró que el comandante de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), Edwin Raúl Oña Mondaca, está vinculado con el narcotráfico.
En 2011, Oña Mondaca fue presentado por el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, como miembro de una red de narcotraficantes en la que estaba, el exjefe antidrogas, René Sanabria, condenado por tráfico de sustancias controladas, reportó la red Erbol.
Finalmente, el Observatorio considera que en el marco de la institucionalidad democrática, el Estado debe regirse por el ordenamiento jurídico instaurado y reconocido, bajo los principios de transparencia y responsabilidad; caso contrario se genera incertidumbre y falta de seguridad jurídica.
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