Que el actual Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, renuncie y que el Estado inicie un proceso para que él y otras exautoridades, además de funcionarios, paguen los 105 millones de dólares que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ordenó pagar al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), pidió en recientes horas el representante del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) Manuel Morales.
“El daño económico que el Estado debería pagar tiene que cobrárselo a todas aquellas personas, funcionarios públicos, autores indirectos, directos, por acción, omisión o cualquier otra circunstancia, del daño que se ha cometido. Eso significa que, detrás de la renuncia de Wilfredo Chávez, tiene que embargársele sus bienes, se le tiene que hacer una notificación respectiva”, manifestó Morales.
Asimismo, el dirigente exigió al Estado cobrar esta deuda de 105 millones de dólares a Chávez y a todos los funcionarios en la gestión actual o anterior que atendieron este caso.
La posición del Conade se respalda en el artículo 112 y en el parágrafo segundo del artículo 113 de la Constitución Política del Estado (CPE), se establece que los daños económicos al Estado no admiten un régimen de inmunidad y los funcionarios públicos, por acción u omisión, deben hacerse responsables.
“Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad”, indica el artículo 112 de la CPE.
Además, el parágrafo segundo del artículo 113 indica que si el Estado es condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño.
El fin de semana reciente, se conoció que el Ciadi emitió un laudo arbitral que ordena al Estado boliviano pagar 105 millones de dólares al BBVA, como indemnización e intereses, por el proceso de nacionalización del sistema de pensiones que se inició en 2009.
Rentistas jubilados y políticos de oposición manifestaron su indignación y pidieron la renuncia del Procurador General del Estado. Sin embargo, Chávez apareció en una fotografía difundida en redes sociales el lunes junto al Presidente y Vicepresidente de Bolivia, además de otros líderes políticos del Movimiento Al Socialismo.
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