El Gobierno boliviano se pronunció de manera oportuna ante los alegatos de Antonio Parada, el principal investigado en el caso “Ítems fantasma”, quien pretendía justificar su refugio en la República de Brasil, por lo que el trámite de extradición ya está en curso, informaron en recientes horas desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil solicitó un pronunciamiento de Bolivia ante los documentos que presentó el investigado en aquel país, para evitar que se lo extradite.
“La justicia de dicho país había solicitado el pronunciamiento del Estado boliviano sobre los alegatos presentados por Parada Vaca que fundamentarían su solicitud de refugio en la República Federativa del Brasil”, señala un boletín institucional.
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, los requerimientos de la justicia brasileña fueron “oportunamente atendidos” por la Fiscalía y transmitidos por vía diplomática el 1 de julio de 2022.
“La solicitud de extradición continúa el procedimiento previsto en los acuerdos internacionales y la normativa de la República Federativa del Brasil”, recalcó la institución, según la agencia estatal ABI.
Caso “ítems fantasma”
Lo que comenzó como un problema familiar, entre Antonio Parada Vaca y su exesposa Valeria Rodríguez, quien lo demandó por violencia patrimonial y económica, destapó lo que ahora es un “mega” escándalo de corrupción en Santa Cruz.
El 30 de noviembre de 2021, Rodríguez denunció públicamente a su exesposo “Tony” Parada, exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía cruceña por la supuesta estructuración de una red delictiva para el cobro mensual de 800 ítems fantasmas, desde la gestión de Percy Fernández.
Luego de anunciarse una investigación el sindicado se declaró en la clandestinidad, hasta que el 21 de diciembre se confirmó que estaba en Brasil solicitando refugio argumentando ser un perseguido político.
El 25 de enero de 2022 fue detenido en ese país acusado de la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, contratos lesivos al Estado, y otros, a solicitud de la justicia boliviana. Ahora guarda detención preventiva con fines de extradición.
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