Entre enero y junio de este año, se registraron 34 vulneraciones a la labor de personas defensoras de derechos en Bolivia, según el reporte del Observatorio de Defensores de Derechos de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas).
Del total de vulneraciones, 22 se refieren a la obstaculización en la realización de sus actividades, cuatro a la falta de protección en situaciones de riesgo, cuatro a la agresión de personas defensoras, tres a la criminalización de éstas y una a la amenaza de defensores.
Casos de obstaculización
Uno de los casos de obstaculización que resalta es la retención que sufrió la presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, en el ingreso a la reserva de Tariquía.
El hecho fue provocado por personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y que apoyan la exploración petrolera en esta área natural, el 18 de abril de este año.
Otro caso es la destitución de la subgobernadora de la provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz, Genoveva Espinoza, luego de denunciar que cooperativas están explotando oro ilegalmente en el parque Madidi el 30 de junio.
Asimismo, resalta el caso de 13 activistas del Colectivo Mujeres Feministas Pluridiversas de La Paz, que fueron arrestadas por la Policía por la protesta que realizaron en la zona de Villa Copacabana, en las puertas de un colegio donde una niña presuntamente sufrió abuso sexual.
Casos de no protección a defensores
En cuanto a los casos de no protección a defensores en situaciones de riesgo, uno es cuando la comunaria de El Cajón en Tariquía, Salomé Tolay, quien, además de ser retenida y estar afectada por el bloqueo instalado en el ingreso de esta reserva, se le impidió ver y estar con dos de sus sobrinos que llegaron de Argentina, a quienes se los detuvo por pretender ingresar a esta comunidad.
Otros dos se refieren a la liberación de los dos detenidos del caso Las Londras en Santa Cruz; Paulino Camacho y Sixto Canaza, los cuales fueron beneficiados con el arresto domiciliario por el juez Roberto Cruz, dejando en desprotección a los periodistas que fueron secuestrados en la propiedad Las Londras, del municipio El Puente de Santa Cruz, el 28 de octubre de 2021, señala un boletín institucional.
Unitas también menciona al tema de agresión sucedido el 7 de junio, cuando comunarios del Ayllu Acre Antequera de Oruro, protestaban en contra de la empresa minera Illapa, los cuales fueron víctima de dinamitazos y agresiones físicas en una vigilia que habían instalado en contra de la empresa.
Casos de agresión
Sobre los casos de agresión, todos se dieron en contra de Carvajal y de la Adphb; el 10 y 21 de febrero la presidente del ente fue agredida por personas afines al MAS en manifestaciones frente a los juzgados en La Paz y en la plaza Abaroa.
El caso restante sucedió el 8 de marzo, cuando las instalaciones de la Apdhb fueron pintarrajeadas con mensajes de odio hacia Carvajal.
Casos de criminalización
Un caso reciente fue detectado por el Observatorio fue el de presunta persecución política del exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, por un caso de paternidad, pero debido a pruebas de ADN negativas se determinó sobreseimiento.
También se observaron las denuncias penales abiertas contra la exejecutiva de las mujeres interculturales, Angélica Ponce, quien es víctima de estigmatizaciones por denunciar machismo al interior del MAS.
Por otro lado, las denuncias presentadas en contra de los dirigentes del Ayllu Acre Antequera por la empresa minera Illapa por presunto avasallamiento.
Amenaza a la Apdhb
El caso de amenaza reportado es en contra de activistas de la Apdhb de Tarija, las cuales fueron hostigadas por organizaciones vinculadas al MAS y que están a favor de la exploración petrolera en Tariquía, según denuncia de la presidente de la Asamblea tarijeña, Yolanda Herrera.
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