Se trata de Lesly Ramírez, una joven salvadoreña que fue condenada a 50 años de cárcel por homicidio agravado tras dar a luz en una letrina debido a una emergencia obstétrica.
La Fiscalía afirmó que la joven madre había matado a su bebé después de dar a luz, mientras que sus defensores dijeron que había sufrido un aborto involuntario.
El país centroamericano es uno de los más estrictos contra el aborto.
“PREJUICIOS DE GENERO»
La sentencia contra Lesly Ramírez, adoptada el 29 de junio, se basó “en meros prejuicios de género”, señaló en un comunicado la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (Acdatee), que apelará la sentencia para pedir su liberación.
Acdatee detalló que uno de los argumentos que el tribunal le manifestó a Ramírez fue: “Las madres son la fuente de protección de los hijos en cualquier circunstancia de la vida y usted no lo fue”.
Por otro lado la joven integra una numerosa familia en situación de pobreza dedicada a la agricultura, con una vivienda sin agua ni energía.
En junio de 2020, tras ir al baño en una letrina de su casa, sin saberlo comenzó un trabajo de parto precipitado expulsando la criatura en gestación.
Según detalló la Fiscalía entonces, se trató de una niña de entre 37 y 40 semanas de gestación que presuntamente nació viva y que falleció horas después.
“Sentí que algo me salía, estaba oscuro y no logré ver lo que expulsaba”, contó Ramírez en el momento.
Entró en pánico y tras la emergencia fue hospitalizada a su vez recibió tres transfusiones de sangre. Luego fue detenida.
“PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA»
En El Salvador, fiscales y jueces tipifican las emergencias obstétricas y los casos de aborto involuntario como “homicidio agravado”, con penas de hasta 50 años.
Esto, a pesar de que el Código Penal salvadoreño desde 1998 establece penas de hasta ocho años por abortar, práctica prohibida en el país centroamericano en todos los casos.
“Por primera vez en la historia desde la penalización absoluta del aborto, hace más de 20 años, se impone la pena máxima por el delito de homicidio agravado, es decir una pena de 50 años en su contra. Y lamentablemente estamos ante una gravísima violación a los derechos humanos y que además refleja que se mantiene el patrón de detenciones arbitrarias en contra de mujeres que sufren emergencias obstétricas en El Salvador”, explicó a RFI Edward Pérez, asesor legal senior de las Oficinas para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos.
Desde 2009, 65 mujeres condenadas por emergencias de salud durante el embarazo, la mayoría en precarias condiciones económicas, han sido liberadas apoyadas por Acdatee y otras agrupaciones.
Pero según Edward Pérez, lo que “pareció al principio un gesto de progreso hacia el reconocimiento de las libertades reproductivas de las mujeres” no hace más que “validar nuevamente el lamentable contexto de criminalización en su contra”.
El año anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos halló responsable al Estado de El Salvador por el caso de Manuela, una mujer salvadoreña que murió en el 2010 en la cárcel, purgando una condena de 30 años por un parto extrahospitalario tipificado como homicidio agravado.
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