El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció este domingo que en las próximas horas se promulgará la Ley sobre justicia restaurativa, que busca dar solución al proceso sobre el caso del Fondo Indígena.
“Estamos planteando en la ley que se promulgará, la justicia restaurativa como una posibilidad de que todos los casos del Fondo Indígena tengan una solución desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista humano”, señaló Lima a Erbol.
También, argumentó que se debe analizar cada uno de los casos del Fondo Indígena y determinar aquellos casos en los que se han usado recursos para concluir las obras.
Lima afirmó que con la justicia restaurativa, las personas, dirigentes o empresas que han generado un daño y lo han reparado ya “no tiene sentido seguirles un proceso penal”.
“Hay personas que han demorado en la ejecución y tendrán que ser sancionadas, quizás administrativamente y habrá un grupo de temas que tienen que terminar con una condena de privación de libertad, pero no podemos dar soluciones que no enmarque el debido proceso”, manifestó la autoridad.
Ante algunas propuestas de cerrar este proceso, Lima aseveró que la justicia restaurativa es un principio de la Constitución que llevará a la solución concreta de temas como el de Elvira Parra (ex ejecutiva del Fondo Indígena), y de otros involucrados, porque no se pueden cerrar los casos sin una decisión de la justicia.
En pasados días, la exdirectora del Fondo Indígena, Elvira Parra fue trasladada a Santa Cruz para cumplir con actuados judiciales en el caso que se le investiga, sin embargo, un juez determinó su encierro en Palmasola y no retornó a La Paz, donde cumplía detención preventiva. Esa situación fue denunciada por su abogado, Vladimir Gonzales, quien observó una serie de vulneraciones a sus derechos y no se consideró ni siquiera su delicado estado de salud.
Tras la muerte del exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, distintos políticos y periodistas manifestaron su dolor y, sobre todo, su indignación contra lo que consideraron una injusticia en su contra.
El principal denunciante del millonario desfalco en dicha institución estuvo preso desde 2015; después de hacer pública la información, Aramayo enfrentó más de 200 casos en su contra, incluso la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el exagerado número de denuncias en su contra.
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