El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo culpó este jueves a la Policía Boliviana por la vulneración a los Derechos Humanos (DD.HH.) en octubre y noviembre del 2019, antes de que Evo Morales renuncie a la presidencia del país, que fueron documentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por lo cual, en su opinión, un proceso en contra del exmandatario está “fuera de foco”.
“Durante la gestión del señor Evo Morales ha habido vulneraciones a los derechos humanos en Montero y en otras poblaciones. Sin embargo, no existió una participación activa del Gobierno, debido a que las vulneraciones a los derechos humanos se deben a la inacción de la Policía, que pudo haber evitado enfrentamientos”, señaló Del Castillo.
El informe del GIEI estableció que hubo graves vulneraciones a los DD.HH. en la administración del exmandatario, en los enfrentamientos con muertes en Montero (Santa Cruz) y en las «emboscadas» a las caravanas de universitarios y cívicos en Vila Vila y de cooperativistas mineros en Playa Verde, el 9 y 10 de noviembre de 2019, donde cinco cuentapropistas fueron heridos de bala.
Después del repliegue policial, el 8 de noviembre del 2019, los uniformados manifestaron que solo tenían orden de reprimir a los miembros de las plataformas ciudadanas y no tenían las órdenes de impedir las arremetidas de los sectores del Movimiento al Socialismo (MAS) en contra de sectores que se movilizaban contra el Gobierno de Morales y los resultados de las elecciones, que fueron anuladas por las múltiples irregularidades detectadas.
Desde los conflictos poselectorales del 2019 el titular de la cartera de Gobierno era Carlos Romero. Esta exautoridad estaba a cargo de la institución «verde olivo» y de las acciones que realizaba la misma como cabeza de sector.
El 23 de octubre del 2019, el Concejo Nacional por el Cambio (Conalcam), que reúne a organizaciones del MAS, se declaró en estado de emergencia para defender al Gobierno de Morales.
Mientras que el 29 de octubre mineros y sectores campesinos llegaron a La Paz para acuartelarse en la plaza Murillo. Estos grupos salían a desbloquear de manera violenta los piquetes de las plataformas ciudadanas.
Sin embargo, en ese entonces el exministro de Defensa, Javier Zavaleta, brindó abiertamente su apoyo a las acciones de las organizaciones afines al partido oficialista.
“Hay varias organizaciones que se van a quedar varios días. El objetivo es que estén acá si persiste alguna aventura golpista o si a alguien no le queda claro nuestro voto”, advirtió Zavaleta.
El documento también describe que, durante las protestas, la Policía no detenía ni impedía que los sectores que apoyaban al partido de Gobierno de Morales lancen cachorros de dinamitas a los manifestantes que denunciaban el fraude electoral. A su vez hubo uso excesivo de la fuerza contra los activistas en las ciudades.
Vila Vila y Playa Verde
En el caso de Vila Vila y Playa Verde, los expertos concluyeron que los integrantes de ambas caravanas fueron víctimas de graves violaciones a los DD.HH., cinco personas fueron gravemente heridas con armas de fuego, otras 15 fueron tomadas como rehenes durante horas. Hombres y mujeres fueron víctimas de tortura y sufrieron agresiones de contenido sexual.
“Las pruebas disponibles apuntan inequívocamente a que servidores públicos participaron en los bloqueos de las carreteras, y confirman que se emplearon recursos y materiales públicos para estos en distintas localidades. Se advierte además que diversos elementos de prueba apuntan a la existencia de órdenes de superiores, en particular del entonces gobernador del departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, para que recursos y funcionarios fueran movilizados para los bloqueos en Vila Vila y Quemalla”, detalla el documento.
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