Después de la entrega del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo afirmó este martes que continuarán investigando a efectivos de la Policía Boliviana que participaron en las supuestas masacres de Senkata y Sacaba en 2019.
“Lo que nos está pidiendo la comisión internacional es que vayamos en camino a la justicia, pero que también queremos una reparación integral a las víctimas de Senkata, Sacaba, Montero, Huayllani y toda la zona Sur del departamento de La Paz y algunos departamentos de nuestro país”, manifestó Del Castillo.
Según el informe del GIEI, lo que sucedió en Senkata y Sacaba fue uso “desproporcionado de la fuerza” durante los operativos combinados entre la Policía y las Fuerzas Armadas para contener a las movilizaciones.
El grupo internacional estudió las violaciones a derechos humanos desde el 1 de septiembre, hasta el 31 de diciembre de 2019, lo que derivó en al menos 37 fallecidos debido al conflicto electoral.
En dicha investigación también encontraron casos de violencia sexual y de género.
ANTECEDENTES
Las supuestas masacres de Sacaba y Senkata fueron hechos sucedidos durante las intervenciones militares ante las protestas sociales emergidas luego de la asunción de Jeanine Añez a la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019.
El 15 de noviembre, al menos 11 civiles perdieron la vida y otros 120 resultaron heridos en Sacaba. El 19 de noviembre, en cercanías de Senkata, otros 11 civiles perdieron la vida y 78 heridos. En ningún caso se produjeron bajas entre los efectivos policiales y militares.
Mientras que el 10 de diciembre de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó enfáticamente las masacres de Sacaba y Senkata.
El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, en ese entonces aseguró que el total de persona fallecieron a causa de impactos de bala de escopeta, con bala calibre 22.
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