Coroneles del servicio pasivo de la Policía Boliviana solicitaron este viernes un recurso de nulidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra la Ley de ascensos a generales del verde olivo, aprobada el miércoles 4 de agosto en el Senado con mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS). La norma otorga al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo poder de decisión en los ascensos.
Los oficiales plantearon al menos cinco observaciones de fondo sobre la intencionalidad política de la norma redactada por seis policías y el comandante general, Jhonny Aguilera en el despacho del Ministro de Gobierno.
El presidente del directorio de la Mutual de Servicios Policiales (Mursepol), Ángel Saavedra señaló que primero mienten al decir que el proyecto de ley fue socializado y son los sectores pequeños quienes se oponen.
“Lo confesaron ellos mismos, el Estado Mayor de la Policía, el cuerpo colegiado de oficiales más experimentados y designado para revisar cualquier norma que afecte la institucionalidad, no fue consultado”, lamentó.
Por su parte, el presidente del Centro de Generales, Jefes y Oficiales de la Policía de La Paz, Jhonny Troncoso, indicó que se preparan pronunciamientos oficiales contra la norma, a la que consideran inconstitucional.
Los oficiales del servicio activo en Santa Cruz y Cochabamba, en contacto con Radio FM Bolivia, anunciaron movilizaciones por sus familiares y representantes del servicio pasivo debido a que ellos no pueden pronunciarse por la amenaza de procesos disciplinarios.
Según el análisis de los uniformados, el segundo aspecto cuestionado es que el título de la “Ley de ascensos para generales”, pero fue utilizado para camuflar la politización del mando policial.
Asimismo, señalaron que el artículo 4 plantea que las convocatorias para las promociones deben ser “homologadas” por el Ministro de Gobierno.
“Quiere decir que no importa la opinión del Comandante General de la Policía y el proceso de evaluación interna, si Del Castillo dice que un oficial no puede ir en la lista por cualquier motivo que se le ocurra, lo sacan”, manifestó el senador de Comunidad Ciudadana (CC) Santiago Ticona.
Mientras que el tercer punto polémico y cuestionado como inconstitucional es el parágrafo dos del artículo 11 que establece que el “mando policial estará formado por: 1. Ministro de Gobierno, 2. Comandante general, 3. Subcomandante y jefe del Estado Mayor y 4. Suboficial de Estado Mayor.
Indicaron que con esta nueva estructura se deja fuera del esquema al inspector, al presidente del Tribunal Disciplinario y al director de educación, así como a otros cuatro directores nacionales que actualmente componen el Alto Mando Policial en el nivel de dirección.
Los senadores de CC Rodrigo Paz, Andrea Barrientos y Cecilia Requena solicitaron posponer el tratamiento de la norma y someterla previamente a un control constitucional, lo que fue rechazado por los legisladores del MAS que calificaron de “falsos y demagógicos” los cuestionamientos a la legalidad de la norma.
“Al introducir al Ministro de Gobierno en el Alto Mando Policial, se le otorgará un carácter político partidista a una institución apolítica, así como atribuciones catalogadas como súper poderes para homologar los ascensos a generales”, aseveró la senadora Centa Rek.
La cuarta observación, tanto de oficiales del servicio pasivo como de los legisladores opositores, es el tema de los interinatos. Según el coronel Edson Claure, uno de los proyectistas de la ley, de ratificarse en el cargo a Jhonny Aguilera, éste permanecerá al menos tres años, mientras se elabore la reglamentación a la norma, pero a criterio de los oficiales del servicio pasivo no hay garantía de que eso se cumpla.
El último cuestionamiento es la falta de presupuesto para la nivelación salarial de los nuevos 20 generales y los cientos de cabos y policías que serán promovidos a sargentos.
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