Ficha informativa
El ministro de Economía, Christian Morales, anunció ajustes al Decreto Supremo 5676, que establece un precio referencial de Bs 18 para el diésel a grandes consumidores. Morales busca consensos para evitar la abrogación del decreto, mientras sectores productivos exigen respuestas ante el desabastecimiento.
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Contexto:
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, y el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, anunciaron el Decreto Supremo 5676. Aramayo mencionó que factores como la guerra en Irán y conflictos en el estrecho de Ormuz elevan los precios de combustibles. Morales enfatizó la necesidad de ajustes tras las movilizaciones por parte de sectores productivos.
La normativa clasifica a los compradores en Grandes Consumidores (GRACOS), Clientes y Usuarios Directos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) regula los precios y se espera una actualización semanal según fluctuaciones del mercado internacional. El Gobierno busca frenar el contrabando que afecta la economía local.
Por qué importa:
La presión para abrogar el decreto aumenta, afectando a los recursos que perciben las regiones por coparticipación. El sector del transporte se encuentra en emergencia debido a la falta de combustible y se prevé un posible incremento del mercado negro por especulación.
Datos clave:
- Decreto Supremo: 5676
- Precio diésel grandes consumidores: Bs 18 por litro
- Precio diésel para otros sectores: Bs 9,80 por litro
- Fecha de promulgación del decreto: 17 de agosto de 2026
- Litros mensuales para grandes consumidores: más de 120 litros
Ajustes al Decreto Supremo 5676 en Bolivia
El nuevo ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, anunció ajustes al Decreto Supremo 5676, norma que establece un precio referencial de Bs. 18 para el diésel a grandes consumidores. Morales afirmó en Unitel: “Se tienen que realizar ajustes para minimizar los riesgos”, refiriéndose a las movilizaciones que surgen desde sectores productivos, del transporte y comercio.
Objetivos de los ajustes
La autoridad precisó que se buscarán consensos para “tratar que no se abrogue el decreto”, ya que considera necesario ordenar la economía y evitar “las distorsiones” que han “desangrado las arcas fiscales”. Este decreto, promulgado en agosto de 2026, divide el precio del diésel: se mantiene barato para la gente común y transportistas, pero sube para las grandes empresas.
Reacciones ante el decreto
Tras la promulgación del decreto la semana pasada, varios sectores rechazaron la norma, argumentando que no es clara y provoca un efecto directo en los costos de producción. Con el nuevo régimen, los grandes consumidores pagan por el litro de diésel Bs. 18, mientras que el resto lo adquiere a Bs. 9,80.
Ante el anuncio de una movilización de productores en Yapacaní, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, afirmó que la norma “está generando muchos problemas en su aplicación”. Paredes declaró: “Yo he informado al gabinete, que ha dicho que sí quiere abrogar, derogar, pero no puede quedar como está”.
Importancia del diálogo
Morales enfatizó la importancia de realizar ajustes en un diálogo respetuoso entre las partes para “sacar adelante la economía”. Afirmó: “si bien hay que hacer ajustes al decreto, los vamos a realizar, pero es importante corregir las distorsiones heredadas”. Además, anunció que se reunirá con su equipo para evaluar mecanismos que permitan “garantizar” que las medidas del Gobierno “no afecten a los diferentes sectores y acompañar la producción”.
Evaluación técnica necesaria
El ministro también mencionó la necesidad de hacer una evaluación profunda y técnica. En cuanto a la posibilidad de anular impuestos para evitar un incremento mayor del precio de los combustibles, Morales sentenció: “cualquier eliminación puede profundizar las necesidades de financiamiento que tiene ya un tesoro totalmente golpeado”. Esto podría afectar los recursos percibidos por las regiones por concepto de coparticipación.
Aumento de presión para abrogar el decreto
La presión para abrogar el Decreto Supremo 5676 aumenta mientras distintos sectores productivos y del transporte exigen al Gobierno una respuesta ante los efectos atribuidos a la norma y al desabastecimiento de diésel. El ejecutivo de la Cámara de Transporte del Oriente, Luis Áñez, se sumó al pedido de abrogación y espera abordar la situación con el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco.
Áñez advirtió que el sector permanece en emergencia por la falta de combustible y que las filas para cargar diésel continúan afectando sus operaciones. “Lo único que ha causado este decreto es especulación”, sostuvo el dirigente.
Problemas administrativos derivados
El decreto ya provocó problemas en la administración municipal, ya que muchas empresas proveedoras exigieron reajustes en sus contratos debido al incremento del precio del diésel. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, junto al ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, anunciaron oficialmente el Decreto Supremo 5676 el lunes 17 de agosto.
Causas del aumento en precios
Esta normativa aplica únicamente a grandes consumidores que requieren aproximadamente 120 litros o más al mes. El precio para transportistas, familias y pequeños negocios se mantiene en 9,80 bolivianos. Aramayo explicó que factores como la guerra en Irán y conflictos en el estrecho de Ormuz están elevando los precios de los combustibles y afectando su disponibilidad.
Fundamento Económico Oficial
- Freno al contrabando: El Gobierno sostiene que mafias aprovechaban la subvención estatal para comprar carburante a 9,80 bolivianos y revenderlo a precios entre 15 y 20 bolivianos en el mercado negro.
- Alivio financiero a YPFB: La medida intenta frenar la descapitalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entidad que importa combustible pagando precios internacionales en dólares para luego comercializarlo a pérdida en moneda local.
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