Ficha informativa
Los sectores movilizados de Yapacaní dieron un plazo de 48 horas al Gobierno para abrogar el Decreto Supremo 5676, tras una reunión donde se suspendió el bloqueo. Exigen que su demanda sea elevada al Presidente Rodrigo Paz.
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Contexto:
La decisión de otorgar un plazo se tomó en una reunión de diálogo la tarde del martes. Los dirigentes locales pidieron que la demanda sea presentada directamente al Presidente Rodrigo Paz. El viceministro Hernán Paredes se comprometió a trasladar el pedido al Gobierno central.
El viceministro Paredes aclaró que la presencia de efectivos es preventiva y busca garantizar la seguridad ciudadana. Reconoció que el decreto ha generado dificultades operativas y afirmó que el Ejecutivo analiza ajustes estructurales.
Por qué importa:
Si no se abroga el decreto en el plazo establecido, se reactivarán las movilizaciones y cortes de ruta. Además, los sectores demandan el repliegue del contingente policial y militar en la zona.
Datos clave:
- 48 horas
- Decreto Supremo 5676
- 18 bolivianos por litro de diésel para grandes consumidores
- 9,80 bolivianos para el resto de los usuarios
Yapacaní otorga 48 horas al Gobierno para abrogar decreto
Los sectores movilizados de Yapacaní han otorgado al Gobierno un plazo fatal de 48 horas para la abrogación del Decreto Supremo 5676. Esta decisión se tomó tras una reunión de diálogo sostenida la tarde del martes en la región, donde se decidió dejar en suspenso el anuncio de bloqueo en el ingreso al municipio.
Demandas de los sectores movilizados
Durante este encuentro, los dirigentes locales exigieron que su demanda principal sea elevada directamente al Presidente Rodrigo Paz para su consideración y análisis político. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, informó que trasladará formalmente el pedido de los sectores movilizados a las instancias correspondientes del Gobierno central. Sin embargo, aclaró que esta acción no implica una decisión inmediata sobre la derogación o modificación de la norma en disputa, según indicó Correo del Sur.
Conflicto por el Decreto Supremo 5676
El conflicto social y económico surge del rechazo al Decreto Supremo 5676, que establece un precio referencial de 18 bolivianos por litro de diésel para grandes consumidores, mientras mantiene un costo subvencionado de 9,80 bolivianos para el resto de los usuarios. Esta medida es considerada perjudicial para la economía local y los costos operativos por parte de los sectores productivos y transportistas.
Condiciones para levantar medidas de presión
Los dirigentes advirtieron que el levantamiento temporal de las medidas de presión está sujeto a una respuesta favorable dentro del plazo establecido. En caso de no cumplirse con sus peticiones, se reactivarán las movilizaciones y cortes de ruta en la zona. Entre sus demandas secundarias, además de exigir la abrogación del decreto, solicitaron el repliegue inmediato del contingente policial y militar desplegado en el área tras el anuncio inicial de bloqueo.
Respuesta del Gobierno
El viceministro Paredes explicó que la presencia de los efectivos uniformados tiene un carácter preventivo y no represivo, buscando garantizar la seguridad ciudadana. “Los policías y los militares están aquí en una actitud pacífica… están precautelando el libre tránsito”, afirmó durante el encuentro.
Análisis del decreto por parte del Gobierno
Asimismo, Paredes indicó que informará a las autoridades sobre la solicitud de retiro del contingente, señalando: “Voy a informar al ministro de Defensa y al ministro de Gobierno, y voy a recomendar que se retire porque vamos a respetar lo que aquí hemos conversado”. Durante la reunión, también reconoció que el polémico decreto ha generado dificultades operativas en su aplicación práctica, asegurando que el Ejecutivo analiza posibles ajustes estructurales. “El decreto supremo que ha sacado el Gobierno… efectivamente está generando muchos problemas en su aplicación”, afirmó.
Estado de emergencia en Yapacaní
Finalmente, los sectores movilizados recalcaron que se mantendrán en estado de emergencia y advirtieron que, si no reciben una respuesta satisfactoria del Estado dentro del plazo perentorio de 48 horas, evaluarán reactivar contundentemente las medidas de presión en todo el municipio de Yapacaní.
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