Drones y crimen organizado: la disputa por el control del espacio aéreo en América Latina

Por: Henry M. Rodríguez/Latinoamérica21

En Latinoamérica la arquitectura de seguridad está atravesando una transformación radical, impulsada por la irrupción de sistemas aéreos no tripulados (UAS) en las operaciones de las organizaciones criminales transnacionales y de las redes de microtráfico local. Este fenómeno, que se ha disparado entre 2024 y 2026, representa un cambio de paradigma en la logística delictiva, el control territorial y la confrontación directa con las instituciones estatales, según advierte un análisis de El Tiempo (2025) sobre la expansión del narcotráfico aéreo.

En este contexto, la democratización tecnológica de los drones comerciales, sumada a la adaptabilidad táctica de los cárteles y bandas criminales, ha generado una asimetría operativa en la que el costo de la innovación delictiva es marginal en comparación con el elevado gasto que enfrentan los gobiernos para su detección y neutralización. Por consiguiente, el uso de aeronaves no tripuladas ha dejado de ser un recurso exclusivo de fuerzas armadas para convertirse en una herramienta accesible que hoy redefine los conflictos irregulares y la gobernanza del crimen en entornos urbanos y penitenciarios de Latinoamérica.

Bajo esta premisa, la seguridad en el presente trienio no puede limitarse a la vigilancia terrestre tradicional; requiere una comprensión profunda de cómo la tecnología ha permitido que las economías ilícitas conquisten la dimensión aérea de baja altitud.

Dinámicas de innovación y la captura del entorno táctico

El empleo de drones en la región ha pasado de una fase de vigilancia rudimentaria a una etapa ofensiva y logística de alta precisión, donde las organizaciones criminales capitalizan la disponibilidad masiva de dispositivos de consumo para transformarlos en vectores de transporte y ataque. Como señala El Estratégico (2025), esta transición se apoya en una lógica de bajo costo y alto impacto, pues mientras un sistema de defensa institucional puede superar los 100.000 dólares, un dron comercial modificado representa una inversión mínima con una capacidad de daño desproporcionada.

No obstante, es imperativo desmitificar la idea de una superioridad absoluta, pues la efectividad de estos dispositivos está condicionada por limitaciones técnicas. De acuerdo con datos técnicos de la Revista Marina, el 46% de los drones comerciales posee una autonomía inferior a una hora, lo que los confina al microtráfico de “última milla” o ataques rápidos, mientras que solo un 5% de los equipos especializados posee capacidades de vigilancia persistente que superan las 24 horas. Asimismo, el 38% de estos sistemas se ve limitado por vientos superiores a los 16 nudos, lo que matiza su impacto en zonas costeras o montañosas de difícil acceso.

A pesar de estas restricciones físicas, la sofisticación en la reducción de detectabilidad ha avanzado mediante la creación de talleres clandestinos. Según informes de Prosegur Research (2024), el uso de impresoras 3D para fabricar sistemas de liberación remota y la modificación de firmwares para evadir el geofencing —zonas de exclusión aérea impuestas por fabricantes— ha permitido que las redes criminales eludan los mecanismos de control tradicionales.

En última instancia, esta capacidad de adaptación técnica refleja una resiliencia criminal que aprovecha los vacíos regulatorios para consolidar un control territorial asistido por tecnología, especialmente en zonas de difícil acceso donde, como ha reportado la Policía Nacional del Ecuador, los drones se utilizan incluso para vigilar el arribo de avionetas en pistas clandestinas de Manabí y Guayas.

El frente penitenciario y el microtráfico de “última milla”

En el Cono Sur y la región andina, la vulneración de los sistemas penitenciarios mediante UAS constituye uno de los retos más críticos para el control civil legítimo. La experiencia en Chile, documentada por la Policía de Investigaciones (PDI) en la Operación Predator (2021), reveló una red que coordinaba vuelos nocturnos para ingresar estupefacientes en la cárcel Santiago Sur, y que logró al menos 21 incursiones exitosas con un avalúo de 100 millones de pesos chilenos.

Este patrón de delivery aéreo se repite en Argentina, donde la justicia de Córdoba desarticuló en 2025 una banda que operaba siete drones para abastecer el complejo de Bouwer con cocaína y teléfonos móviles, utilizando envoltorios aerodinámicos diseñados para no comprometer la estabilidad del vuelo. Por lo tanto, la captura de los centros de reclusión se ve amplificada por una herramienta que permite a los líderes criminales proyectar poder y coordinar economías ilegales sin necesidad de contacto físico.

Sin embargo, el fenómeno no es puramente logístico; en países como Colombia y México, la tecnología ha escalado hacia la confrontación abierta. Informes del Ejército Nacional de Colombia indican que, desde abril de 2024, se han registrado cerca de 400 incidentes con drones, incluyendo ataques de enjambres contra bases militares como la de Aguachica, Cesar. Simultáneamente, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en México ha formalizado unidades de Operadores Droneros, según reporta C-UAS Hub, integrando conocimientos tácticos que, en algunos casos investigados, incluyen transferencia tecnológica de combatientes con experiencia en conflictos internacionales.

Esta militarización del microtráfico y el control territorial plantea un conflicto de soberanía en el espacio aéreo de baja altitud que las fuerzas de seguridad actuales, con recursos de interferencia electrónica aún en fase de despliegue según el Mayor General Juan Carlos Correa, apenas comienzan a dimensionar.

Hacia una gobernanza aérea integral

Frente a este diagnóstico, resulta crucial que los Estados de Latinoamérica avancen en una estrategia multidimensional que trascienda la respuesta reactiva. El primer pilar de esta propuesta consiste en la armonización de marcos legales hemisféricos —siguiendo modelos como la regulación RBAC-E Núm. 94 de la Agencia Nacional de Aviación Civil en Brasil— que regulen la importación y trazabilidad de los UAS, eliminando los vacíos que permiten la adquisición anónima de tecnología de alta capacidad.

Reformas como estas deben ir acompañadas de un segundo pilar enfocado en la inversión en inteligencia criminal avanzada y sistemas de detección por radiofrecuencia y radares de alta resolución, capaces de distinguir entre aves y amenazas en entornos urbanos complejos.

Finalmente, el tercer pilar debe abordar la reducción integral del daño y la recuperación del espacio público, integrando la vigilancia aérea en un modelo de “urbanismo de seguridad” que proteja a las poblaciones vulnerables del contagio criminal asistido por tecnología. En última instancia, el éxito de estas medidas no dependerá únicamente de la superioridad técnica, sino de la capacidad de las instituciones para reformar sus estructuras de gobernanza y actuar con la misma agilidad que el algoritmo criminal.