Ficha informativa
El crecimiento del crimen organizado en Bolivia ha alcanzado niveles alarmantes en las últimas dos décadas, afectando gravemente el tejido social y la institucionalidad del país, según un estudio de la Fundación Milenio.
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Contexto:
La investigación, titulada “Un campo minado: economías ilícitas, captura institucional y erosión del tejido social”, fue elaborada por los investigadores Henry Oporto y Ricardo Calla. El estudio revela que el auge del narcotráfico, minería ilegal, contrabando, lavado de dinero y tráfico de armas se consolidó bajo un Estado capturado por facciones político-partidarias y organizaciones sindicales.
El informe también destaca la vulnerabilidad de Bolivia ante la convergencia entre el poder autoritario y la criminalidad transnacional. Se presentó junto al estudio regional “Grietas en el sistema: una evaluación de la vulnerabilidad a la captura autoritaria en América Latina”.
Por qué importa:
El deterioro institucional ha llevado a una justicia subordinada al poder político y a la corrupción. Esto ha resultado en la incapacidad efectiva de instituciones como la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y mecanismos legislativos, afectando la gobernanza y seguridad del país.
Datos clave:
- Período de análisis: 2006 a 2025
- Número de clanes dedicados al narcotráfico: al menos 17
- Reingreso a la lista gris del GAFI: junio de 2025
Crecimiento del crimen organizado en Bolivia
El crecimiento sostenido de los mercados ilícitos durante las últimas dos décadas ha configurado un panorama crítico en Bolivia. Una reciente investigación publicada por la Fundación Milenio, titulada “Un campo minado: economías ilícitas, captura institucional y erosión del tejido social”, elaborada por los investigadores Henry Oporto y Ricardo Calla, revela que entre 2006 y 2025 actividades como el narcotráfico, la minería ilegal de oro, el contrabando, el lavado de dinero y el tráfico de armas experimentaron una expansión sin precedentes en el territorio nacional.
Factores que contribuyen al fenómeno
Este fenómeno no ocurrió de manera aislada. Según concluye el análisis, el auge de estas actividades delictivas se consolidó al amparo de un Estado capturado por facciones político-partidarias, organizaciones sindicales e intereses corporativos con notable influencia en los poderes locales, las instituciones públicas y el propio tejido social. La vulnerabilidad del país ante la convergencia entre el poder autoritario y la criminalidad transnacional quedó expuesta en este documento.
Estudio regional sobre vulnerabilidad
El estudio se presentó de forma conjunta con el informe regional “Grietas en el sistema: una evaluación de la vulnerabilidad a la captura autoritaria en América Latina”, desarrollado por el Centro de Estudios de la Democracia (CSD) de Europa junto a la misma fundación, indicó Correo del Sur.
Consecuencias del sistema de gobernanza
El saldo que deja este sistema de gobernanza autoritaria, corrupción y criminalidad se evidencia en hechos concretos registrados hasta 2025:
- Identificación de al menos 17 clanes dedicados al narcotráfico por parte de las autoridades.
- Estallido de recurrentes escándalos de “narcogenerales” en la Policía Boliviana.
- Consolidación de un sistema de justicia subordinado al poder político e impregnado por redes corruptas.
Diagnóstico del CSD
A su vez, el informe del CSD ratifica este diagnóstico al advertir que en Bolivia prima un patrón de instituciones que formalmente existen “en el papel”, pero que operan sin capacidad efectiva real debido a la injerencia política, la falta de presupuesto y la precariedad institucional. Entre los entes afectados por esta parálisis operacional destacan:
- Mecanismos de ratificación legislativa.
- Unidad de Investigación Financiera (UIF).
- Organismo encargado de regular el comercio de minerales.
Bolivia y la lista gris del GAFI
Como consecuencia de este deterioro estructural en los controles, el reporte de la Fundación Milenio subraya que Bolivia reingresó en junio de 2025 a la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al registrar deficiencias sustanciales en la prevención y persecución del lavado de activos.
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