Ficha informativa
El 20 de junio de 2026, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció el inicio de procesos penales contra Evo Morales por presuntos delitos como terrorismo y narcotráfico. Se prevé intervención policial en el Trópico de Cochabamba.
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Contexto:
Las declaraciones del ministro surgen tras un periodo de alta conflictividad social. El bloque evista del MAS mantuvo bloqueos que interrumpieron el tránsito entre oriente y occidente. Las movilizaciones causaron pérdidas millonarias y desabastecimiento en varias ciudades.
Oviedo enfatizó que las acciones se realizarán dentro de los canales judiciales, calificando las movilizaciones como intentos de desestabilización democrática. Hasta ahora, Evo Morales y su equipo no han respondido formalmente a las acusaciones.
Por qué importa:
Las acciones legales podrían intensificar la tensión política y social en el país. La intervención policial podría generar más conflictos en la región del Chapare, afectando la estabilidad social y económica.
Datos clave:
- Fecha: 20 de junio de 2026
- Delitos imputados: terrorismo, narcotráfico, daño económico
- Días de bloqueo de carreteras: cerca de 50 días
Gobierno inicia procesos penales contra Evo Morales
El 20 de junio, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció que el Ejecutivo iniciará procesos penales contra el expresidente Evo Morales por delitos que incluyen presunto terrorismo, narcotráfico y daño económico. Además, la autoridad advirtió sobre una posible intervención de las fuerzas del orden en el Trópico de Cochabamba, región donde el líder cocalero se encuentra apostado desde hace varios meses.
Estado de excepción y movilizaciones del MAS
La medida se ampara en el estado de excepción vigente en el país. Según Oviedo, esta disposición tiene alcance nacional, por lo que el ingreso de la Policía y las Fuerzas Armadas a la zona del Chapare dependerá de la planificación de los mandos operativos, citó Unitel.
Las declaraciones ministeriales surgen tras un periodo de alta conflictividad social en el país. El bloque “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) mantuvo un bloqueo de carreteras que se prolongó por cerca de 50 días, interrumpiendo el tránsito entre el oriente y el occidente del territorio nacional.
Pérdidas económicas y hechos de violencia
Según reportes preliminares de sectores productivos y analistas económicos, las movilizaciones dejaron pérdidas millonarias en el aparato productivo, desabastecimiento de combustibles y alimentos en varias ciudades. Además, se registraron hechos de violencia y personas fallecidas debido a la imposibilidad de recibir atención médica oportuna en las rutas bloqueadas.
Declaraciones del ministro Oviedo
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, enfatizó que las acciones se enmarcarán estrictamente dentro de los canales judiciales. Calificó la movilización de las últimas semanas como un intento de desestabilización democrática impulsado por estructuras criminales. “Con Evo Morales, la ley; con el narcoterrorismo, la ley. Ya haremos las operaciones que sean necesarias en el momento debido”, manifestó Oviedo, asegurando que es una política de Estado desmantelar las redes que organizaron las protestas.
@unitel.bo El Gobierno anticipa ingreso al Chapare para “aplicar la ley”, en el marco de los operativos por el Estado de Excepción. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que las acciones se ejecutarán en todo el territorio nacional para perseguir delitos y restablecer el orden en el país 📲 Más información en Unitel.bo #Unitel #Bolivia #Gobierno #Chapare #EvoMorales ♬ sonido original – UNITEL BOLIVIA
Respuesta del expresidente Evo Morales
Hasta la publicación de esta nota periodistica, ni el expresidente Evo Morales ni su equipo jurídico han emitido una respuesta formal respecto a los nuevos delitos imputados por el ministro Oviedo. Sin embargo, en pronunciamientos anteriores ante la opinión pública, los dirigentes del ala “evista” han sostenido que las movilizaciones respondían a demandas sociales y económicas legítimas. Además, han denunciado una presunta “persecución política” y judicialización de la protesta por parte del actual Gobierno.
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