Ficha informativa
El 20 de junio de 2026, en Santa Cruz, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, exigió al Gobierno la implementación urgente de un estado de excepción ante la crisis política, responsabilizando a Evo Morales y otros líderes por la situación.
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Contexto:
Cochamanidis advirtió sobre la crisis que afecta al país y respaldó el estado de excepción como una medida necesaria para garantizar el libre tránsito. Señaló a Evo Morales, Mario Argollo y Vicente Salazar como responsables directos.
Cochamanidis enfatizó que se debe aplicar la ley con rigurosidad contra los promotores del cerco vial y que no habrá tolerancia hacia quienes se opongan al desbloqueo. Se espera un pronunciamiento del Ministerio Público respecto a las demandas cívicas.
Por qué importa:
La implementación del estado de excepción podría afectar la dinámica social y económica del país. Las exigencias cívicas buscan restablecer derechos constitucionales y liberar carreteras, lo que podría impactar en la estabilidad política.
Datos clave:
- Fecha: 20 de junio de 2026
- Lugar: Santa Cruz, Bolivia
- Pérdidas económicas: más de 3.000 millones de dólares
- Pérdidas de empleo: 150.000 empleos
- Días de bloqueos: más de 50 días
Crisis política en Bolivia y la exigencia de un estado de excepción
El 20 de junio, en Santa Cruz, Bolivia, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, lanzó una dura advertencia al Gobierno. Exigió actuar con “firmeza y sin benevolencia” en la aplicación del estado de excepción. Cochamanidis señaló directamente al expresidente Evo Morales, al ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, como los principales responsables de la crisis que azota al país.
Apoyo a la implementación del estado de excepción
Ante el escenario de conflictividad, Cochamanidis manifestó su respaldo a la implementación del estado de excepción. Aseguró que es un mecanismo urgente y necesario para garantizar el libre tránsito y devolver la tranquilidad a la ciudadanía. Sin embargo, enfatizó que la medida debe aplicarse con rigurosidad.
Exigencias cívicas ante la crisis
Las exigencias cívicas incluyen:
- Cumplimiento estricto de la ley contra los promotores del cerco vial.
- Cero tolerancia o “benevolencia” para quienes intenten oponerse al desbloqueo de las rutas nacionales.
- Restablecimiento inmediato de los derechos constitucionales de la población y liberación de las carreteras del país.
Impacto económico y social
Cochamanidis declaró que, tras más de 50 días de bloqueos sistemáticos que han estrangulado la economía nacional y cobrado vidas humanas, las autoridades judiciales deben procesar a las “cabecillas” de las movilizaciones sin ningún tipo de contemplación. Además, lamentó el impacto destructivo que estas medidas de presión han tenido sobre las familias bolivianas.
Interrogantes a las autoridades
Lanzó duras interrogantes a las autoridades encargadas de impartir justicia: “¿Quién va a ser el responsable de responder por más de 3.000 millones de dólares que se han perdido en el país? ¿Quién va a ser el responsable de las 150.000 pérdidas de empleo en la familia boliviana?”. Definitivamente, los responsables son Evo Morales, Mario Argollo y Vicente Salazar.
Expectativas sobre pronunciamientos oficiales
Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público y las autoridades de Gobierno emitan un pronunciamiento respecto a las demandas del sector cívico y las acciones legales que se tomarán contra los dirigentes señalados.
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