Ficha informativa
La Central Obrera Departamental de La Paz y organizaciones mineras rechazan el anteproyecto del nuevo Código Minero impulsado por el Gobierno, argumentando que despoja al país de sus intereses sobre los recursos naturales.
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Contexto:
El secretario general de la COD, Celestino Gonzáles, calificó la propuesta como un instrumento que arrebata la soberanía del Estado. La iniciativa retoma la orientación del marco legal de la década de 1990. Fencomin y Fstmb denunciaron exclusión en el proceso de formulación del proyecto.
El Ministerio de Minería inició la fase de socialización técnica del anteproyecto, buscando modernizar la regulación sectorial. Se acreditó la participación de actores privados e institucionales en el proceso, pero se denunció falta de consulta a las federaciones mineras.
Por qué importa:
El rechazo al anteproyecto podría generar tensiones entre el Gobierno y los sectores mineros, así como afectar las inversiones proyectadas en el sector. La marginación sindical puede llevar a conflictos laborales y descontento social.
Datos clave:
- Fecha: D de noviembre de 2026
- Norma actual: Ley 535 de Minería y Metalurgia
- Inversión prevista: hasta 19.000 millones de dólares entre 2026 y 2030
- Plazo para aprobación del nuevo Código: a más tardar a mediados de 2027
Controversia por el nuevo Código Minero en Bolivia
El anteproyecto del nuevo Código Minero, impulsado por el Gobierno nacional en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), generó el rechazo de la Central Obrera Departamental (COD) de La Paz y de organizaciones del sector minero.
El secretario general de la COD, Celestino Gonzáles, calificó la propuesta legal como un instrumento que arrebata la soberanía del Estado sobre los recursos naturales y despoja al país de sus intereses nacionales, según informó Correo del Sur.
Reemplazo de la Ley 535 de Minería y Metalurgia
La controversia gira en torno al reemplazo de la actual Ley 535 de Minería y Metalurgia, norma que reconoce el control estatal en todas las fases de la cadena productiva: exploración, explotación e industrialización a través de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y los tres actores productivos del sector. En contraposición, la dirigencia sindical advirtió que la iniciativa del Ejecutivo retoma la orientación del marco legal promulgado durante la década de 1990 bajo el mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada, periodo en el que las empresas privadas concentraban el control del patrimonio minero del país.
Objetivos del Ministerio de Minería y Metalurgia
Por parte del Ejecutivo, el Ministerio de Minería y Metalurgia dio inicio a la fase de socialización técnica de la propuesta normativa, sosteniendo que el documento busca modernizar la regulación sectorial, brindar seguridad jurídica y atraer inversiones con responsabilidad socioambiental. La propuesta oficial unifica las normas sustantivas y procedimentales en un solo cuerpo normativo, incorporando seis modalidades contractuales diferenciadas, la simplificación de trámites administrativos, la autorización de alianzas estratégicas entre empresas privadas, el seguimiento ambiental temprano y sistemas de trazabilidad en la comercialización de minerales, garantizando al mismo tiempo la intransferibilidad de las áreas mineras.
Denuncias de exclusión sindical
Pese a los anuncios oficiales de socialización, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) denunciaron haber sido excluidas del proceso de formulación del proyecto. El presidente de Fencomin, Richard Caricari, manifestó que la presentación se realizó en reuniones a puerta cerrada sin tomar en cuenta la propuesta consensuada formulada por su sector en julio. Además, advirtió sobre presuntas actitudes prebendales y la injerencia de un país extranjero en la política minera nacional.
Participación en el proceso normativo
En contraste con las denuncias de marginación sindical, el Ministerio de Minería acreditó la participación de actores privados e institucionales en el proceso de consulta. Entre ellos figuran la Cámara Nacional de Minería, federaciones auríferas regionales (Ferreco y Fencoman), organizaciones campesinas (CSUTCB), firmas privadas como Sinchi Wayra y Empresa Minera San Cristóbal, además de agencias internacionales.
Acorde financiero internacional
El debate normativo está vinculado a acuerdos financieros internacionales. Bolivia suscribió en octubre de 2026 el “Acuerdo País de Metales y Minerales del Estado Plurinacional de Bolivia” con el Banco Mundial. Este convenio compromete la aprobación del nuevo Código de Minería y una Ley de Inversiones a más tardar a mediados de 2027. Esta hoja de ruta, apoyada también por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el PNUD, prevé movilizar hasta 19.000 millones de dólares en inversiones públicas y privadas entre 2026 y 2030 destinados al desarrollo de minerales críticos y la actualización del catastro minero digital.
Mesas de trabajo para recibir observaciones
Como parte del cronograma para el tratamiento normativo antes del debate en el pleno de la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Minería anunció la realización de mesas de trabajo en los nueve departamentos del país. Además, habilitará una plataforma digital para recibir observaciones por parte de la ciudadanía.
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Comprensión de la noticia
¿Por qué el nuevo Código Minero ha generado rechazo entre organizaciones del sector minero?
Secuencia de los hechos
- Promulgación de la Ley 535 de Minería y Metalurgia que reconoce el control estatal en la minería
- Inicio de la fase de socialización técnica del nuevo Código Minero por parte del Ministerio de Minería
- Presentación del anteproyecto del nuevo Código Minero en reuniones a puerta cerrada
- Bolivia firma el 'Acuerdo País de Metales y Minerales' con el Banco Mundial en octubre de 2026
- Aprobación del nuevo Código de Minería y una Ley de Inversiones prevista para mediados de 2027
