«La medida que estamos adoptando cumple estrictamente con lo establecido en la sentencia, ya que los transportistas con placa extranjera ya no pagarán un precio mayor que los transportistas con placa boliviana, siempre y cuando realicen sus servicios bajo el registro y autorización en el marco regulatorio de la Comunidad Andina», indicó el procurador general del Estado, Cesar Siles.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió una sentencia en julio de 2023 ordenando a Bolivia «cesar la conducta declarada como contraria» debido a la diferencia en los precios del combustible para vehículos bolivianos motorizados con placas internacionales, como las de Perú. Por esta razón, el Tribunal instruyó adecuar la normativa boliviana al Ordenamiento Jurídico Comunitario antes del 19 de enero de 2023.
Promulgación del Decreto Supremo 5106
El jueves pasado, el Órgano Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo 5106, que determina que «la comercialización de combustibles líquidos destinados a vehículos con placas nacionales y/o extranjeras utilizados para el Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera y el Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, autorizados y registrados en el marco regulatorio de la Comunidad Andina, se realizará conforme al precio internacional establecido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH».
Bolivia deja de vulnerar principios fundamentales
Siles manifestó que con esta normativa Bolivia deja de «vulnerar los principios de trato nacional, no discriminación y libre competencia».
La Procuraduría presentó un escrito informando sobre las acciones del Estado boliviano junto con una copia del Decreto Supremo para que sea analizado por el Tribunal de Justicia de la CAN.
