Las autoridades ecuatorianas deben tomar medidas proporcionadas y limitadas a los requisitos de la situación para enfrentar la actual crisis de violencia relacionada con bandas armadas, afirmó hoy la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La portavoz de la oficina, Liz Throssell, agregó en rueda de prensa que toda restricción debe respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
Poderes y funciones excepcionales
Además, se destacó que los poderes y funciones de seguridad asignados a las fuerzas armadas en esta crisis deben tener carácter excepcional, estar limitados en el tiempo y estar subordinados a la autoridad civil, ante quien deben rendir cuentas.
Throssell también enfatizó que las investigaciones abiertas por la Fiscalía General del Estado ante recientes incidentes violentos deben ser transparentes e independientes, para garantizar el rendimiento de cuentas de los responsables, en línea con los estándares internacionales.
Ecuador enfrenta desafíos por violencia
La portavoz recordó que Ecuador enfrenta enormes desafíos debido a la ola de violencia derivada de redes criminales transnacionales. Esto fue reconocido por el propio jefe de la oficina durante su visita al país el año pasado.
Según informes recibidos por la oficina de Naciones Unidas, al menos 12 personas murieron en diferentes incidentes violentos recientes en el país suramericano, incluyendo dos policías. Al mismo tiempo, presos tomaron como rehenes a unos 150 funcionarios penitenciarios y 20 trabajadores administrativos en siete cárceles del país. Ante esto, el Gobierno anunció un estado de emergencia de 60 días y desplegó al ejército para hacer frente a lo que considera un «conflicto armado interno».
Derechos humanos deben estar en el centro
«Los derechos humanos deben estar en el centro de todas las políticas dirigidas a frenar la violencia, incluyendo abordar las causas estructurales de esta», concluyó hoy la portavoz.
Fuente: EFE
