El dirigente de la Juventud Yungueña, Raúl Uría, detenido preventivamente desde 2022, denunció este viernes 5 de enero ante un juez que el Ministerio de Gobierno le ofreció su libertad en dos oportunidades a cambio de declararse culpable en un juicio abreviado; caso contrario, recibiría una sentencia de 15 años.
Uría fue detenido el 15 de septiembre de 2022 tras los conflictos por el cierre del mercado ilegal de coca. El Gobierno lo acusó de tráfico de armas y portación de explosivos, y desde entonces permanece detenido en la cárcel de San Pedro, La Paz.
Afirmaciones durante audiencia virtual
«Lamentablemente, el Ministerio vino dos veces: el 17 y el 24 de noviembre del año pasado a proponerme que mi única salida era aceptar el abreviado», afirmó el detenido ante el juez encargado del caso durante su audiencia virtual. Además, aseguró ser inocente de todo lo que se le acusa.
Oferta realizada por abogado del Ministerio
La defensa legal del acusado, Carmen Arista, precisó que fue un abogado del Ministerio de Gobierno quien le ofreció ese trato al yungueño.
Amenazas y violación a derechos humanos
El dirigente cocalero también aseguró que aquel Ministerio le ofreció trabajo y licencia para comercializar coca; sin embargo, él no aceptó porque tiene principios. «El Ministro me iba a dar 15 años si yo no aceptaba el abreviado. Fue una amenaza contundente hacia mi persona violando mis derechos humanos», relató Uría.
Daño a su dignidad y perjuicio económico
Explicó que existe un daño a su dignidad y un perjuicio económico comentando que en la cárcel toda es plata y que su madre hizo esfuerzos para conseguir. Además, lamentó la existencia de autoridades de tal magnitud y pidió al juez que le otorgue la libertad, puesto que tiene una familia y una madre sufriendo.
Pedido de libertad rechazado por el juez
Sin embargo, el juez rechazó su pedido de libertad y amplió su detención hasta el 13 de febrero, mientras continúan las investigaciones. Al respecto, Arista lamentó la decisión del juez, quien dictaminó bajo el argumento de que es un caso complejo, cuando en realidad solo Raúl está siendo investigado, dijo. Además, aseguró que su defendido nunca fue encontrado en posesión de armas o explosivos.
Otras denuncias similares
Cabe mencionar que, en la misma línea, el dirigente del comité de autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), César Apaza, también denunció presiones del Gobierno para declararse culpable y recibir una sentencia reducida.
«Esto es abuso de poder, esto es injerencia, esto es hostigar a las personas inocentes a declararse culpables para que el Estado no se haga responsable de la ilegalidad de estos actos», puntualizó la abogada.
