En emergencia, así se declararon en pasadas horas los aportantes activos, inactivos y jubilados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro y Previsión por el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y el pago que Bolivia tendrá que hacer de $us 105 millones por los perjuicios ocasionados al banco español BBVA.
Aportantes advierten que se pagará con el dinero de los trabajadores y anunciaron la presentación de un proyecto de ley para una nueva devolución de sus aportes.
«Nos declaramos en emergencia y movilización permanente hasta que seamos atendidos por parte del Presidente Luis Arce y las autoridades que correspondan», es una de las resoluciones a la que llegó la Asociación de Defensa de los Fondos de Pensiones (Asoaf) de Bolivia.
El 16 de julio, Ciadi dictó un laudo arbitral por el que Bolivia debe pagar $us 105 millones por los perjuicios ocasionados al banco español BBVA, propietario de la AFP Previsión BBVA, a causa de las demoras ocasionadas en la nacionalización del sistema de pensiones.
El presidente del Movimiento de Emergencia Nacional, Yerko Orozco señaló que luego de conocer el fallo del Ciadi, Bolivia debe pagar ese dinero y que los recursos económicos saldrán de los aportantes a las AFP’s.
Orozco aseveró, que los más perjudicados serán los jubilados porque “son ellos los que quedarán sin recursos económicos”.
En la misma línea, la dirigente de la Asociación de Defensa de los Fondos de Pensiones (Asoaf), Ana María Pomar, anunció que presentará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, en las próximas horas, exigiendo al Gobierno la devolución de sus aportes.
«Vamos a lanzar una nueva ley de devolución, no solo para los trabajadores activos, sino también para los pasivos y los jubilados», dijo de manera enfática.
Voto resolutivo
Ante la crisis económica agravada por la pandemia, las diferentes organizaciones que forman parte de Asoaf, exigen que mediante decreto supremo se autorice a las AFP’s realizar préstamos para aportantes activos y pasivos hasta el 50% con garantía de 50% y con una taza de 1% de interés.
Además, plantean un plan de vivienda para los aportantes tanto activos como inactivos bajo el control social de la organización.
Desde esa asociación piden una nueva ley de pensiones, ya que la actual no cumple con el objetivo de una jubilación digna. Rechazan la administración pública y monopólica de la Gestora Pública sin la participación del control social del beneficiario.
Asimismo, exigen un seguro de subsidio o fondo de desempleo para todos los trabajadores que por la crisis sanitaria se quedaron sin empleo.
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