El titular de Justicia, Iván Lima, fue quien afirmó que existe obstaculización en las investigaciones del caso denominado “Golpe de Estado I”, al señalar que hasta la fecha ni el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, ni el exministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, acudieron a declarar por este proceso que impulsa el oficialismo.
Sin embargo, estas dos personas no se presentaron debido a que el propio Ministerio Público fue el que suspendió la toma de declaraciones, la de Camacho en calidad de acusado y la de Justiniano, como parte de la lista de testigos.
«Son los que debieran declarar para que el proceso pueda concluir», manifestó el ministro en referencia a los aludidos, al mismo tiempo resaltó el principio de objetividad de la justicia, según reporte de El Deber.
El martes anterior, se suspendió la declaración de Camacho, según Lima, por supuestas amenazas que llegaron a los fiscales que investigan el caso y debe ser el propio Ministerio Público el que «debe actuar en torno a sus normas».
Mientras que la audiencia de Jerjes Justiniano, programada para este jueves 14 de julio, se suspendió debido a que la Fiscalía no inició a tiempo los trámites administrativos para sus pasajes de transporte, ya que se había comprometido a comprar los tickets (como concepto de «gastos de investigación») para que declare en La Paz.
Asimismo, la audiencia del exministro de la Presidencia quedó suspendida hasta nuevo aviso y es la segunda vez que se posterga la toma de declaración, la primera fue porque Jerjes Justiniano presentó un memorial indicando que se le notificó a destiempo.
Del lado de Camacho, nunca hubo excusa para presentarse a declarar y el propio Gobernador refirió en diferentes ocasiones, que estará presente cada vez que lo citen y en el lugar que corresponda.
Anteriormente, el ministro Lima ya había acusado a Camacho de obstaculizar la investigación a través de chicanas, demoras injustificadas y un presunto abuso del sistema procesal, además también le pidió que colabore en la investigación para que las víctimas de 2019 consigan justicia (sin hacer referencia a los cívicos muertos en Montero, cuyos decesos son atribuidos al masismo).
El caso “Golpe I” se inició a denuncia de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo Lidia Patty, por los presuntos delitos de conspiración, sedición y terrorismo.
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