La Defensoría del Pueblo exige que la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero, se retracte en tres días por la denuncia que realizó este martes en contra de la entidad por presuntas irregularidades en la compra de equipos audiovisuales y la contratación de servicios sobre consultoría.
La parlamentaria explicó que el 2019 la Defensoría del Pueblo adquirió una cámara filmadora por un monto de Bs 41.840 y una cámara fotográfica por Bs 33.000; mediante contrato directo, aunque cree que debieron ser comprados mediante la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE) por sobrepasar los Bs. 20.000.
Campero observó la compra de islas de producción porque en el Sicoes no detalla las características como el modelo o la marca, estos equipos tuvieron un costo de Bs 147 mil. Argumentó que todos los equipos fueron adquiridos antes de la campaña electoral de 2019.
“Resulta que estos equipos recién son usados dos años después, ¿Dónde estuvieron los equipos?, y me refiero a la sala audiovisual ‘Luis Espinal’ que inauguró la Defensoría del Pueblo”, cuestionó Campero, al insistir que fueron adquiridos en la época de campaña electoral.
Denunció una supuesta “malversación de recursos económicos” en la contratación de consultores.
Asimismo detalló que el 8 de abril de 2019 se contrató a un consultor con el objeto de apoyar en la producción audiovisual; el acuerdo debía culminar en noviembre de ese año, pero dejaron sin efecto al mismo en julio.
“Hemos podido evidenciar sobreprecio en los equipos adquiridos. Además, la Defensoría recién inaugura este año en la sala audiovisual. ¿Por qué ha contratado más de tres consultores a los cuales se les paga montos arriba de los 20.000 y 30.000 bolivianos, para realizar trabajos audiovisuales, si la sala recién ha sido inaugurada este año?”, manifestó la parlamentaria.
La diputada de CC instó al Ministerio Público y a la Contraloría General del Estado a investigar el manejo de los recursos económicos en esa entidad defensorial.
Por su parte la Agencia de Noticias Fides, consultó a la Defensoría su versión en relación a la denuncia y la entidad presentó una nota dirigida Campero en el cual le exige que se retracte en el lapso de tres días, de lo contrario acudirá a las instancias legales a efectos de «interponer las acciones disciplinarias y legales correspondientes por pretender dañar la imagen de la Defensoría del Pueblo.
La nota señala que las afirmaciones de la legisladora carecen de un respaldo documental y normativo por lo que consideran que sus declaraciones son infundadas, con el único objetivo de dañar la imagen institucional al acusar a la institución de un delito de “malversación de fondos”.
En la carta la Defensoría argumenta que las adquisiciones de la filmadora y la cámara fotográfica se realizaron en el marco de la ley y sus procedimientos como el DS 181 NB-SABS; en relación a las islas de edición se realizó mediante la modalidad de ANPE; sobre las consultorías sostiene que se realizaron al amparo del POA.
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