Gobernadores demandan respuestas al Gobierno sobre diésel y el 50-50

Gobernadores de Bolivia se declaran en alerta

Las autoridades departamentales de Bolivia se reunieron este jueves 24 de septiembre de 2026 en Santa Cruz y se declararon formalmente en estado de alerta. Fijaron un plazo perentorio al Gobierno central hasta el próximo 31 de octubre de 2026 para responder de manera concreta a un pliego de demandas financieras. Este conflicto tiene como eje central la afectación presupuestaria provocada por la eliminación de la subvención al diésel y la exigencia de aplicar un esquema de redistribución de recursos bajo el principio del ‘50-50’.

Declaraciones del gobernador Juan Pablo Velasco

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, actuó como vocero del bloque y leyó públicamente las conclusiones alcanzadas durante el encuentro. Durante su intervención, Velasco remarcó la posición conjunta asumida por los ejecutivos regionales: “Los gobernadores y gobernadoras de Bolivia nos declaramos en estado de alerta, exigimos a nivel central del Estado el cumplimiento de todos y cada uno de los puntos citados del presente documento hasta el 31 de octubre del 2026”.

Demandas específicas para el Presupuesto General del Estado

Entre las determinaciones más relevantes, los gobiernos subnacionales reiteraron la necesidad de que el Presupuesto General del Estado (PGE) correspondiente a la gestión 2027 incorpore el inicio de la coparticipación tributaria para los gobiernos autónomos departamentales, indicó Unitel. Las autoridades enfatizaron que esta reestructuración del gasto público debe aplicarse sin perjudicar los ingresos asignados actualmente a las universidades públicas ni a los gobiernos autónomos municipales.

Compromisos previos sobre equidad fiscal

Respecto al compromiso previo sobre la equidad fiscal, el gobernador cruceño recordó los acuerdos pactados con anterioridad en el ámbito político nacional. “Necesitamos que el 50-50 sea una realidad desde el 2027 como lo firmamos el 5 de agosto en la Casa de la Libertad en el departamento de Chuquisaca”, subrayó Velasco ante los medios de comunicación.

Impacto financiero por eliminación de subsidios

La urgencia del reclamo responde a la brecha financiera generada en la planificación de las arcas departamentales. Las partidas presupuestarias de la gestión 2026 fueron estructuradas proyectando un costo subvencionado del diésel de 6,73 bolivianos el litro. Sin embargo, la posterior promulgación del Decreto Supremo 5716 fijó el precio del carburante a valores internacionales, ocasionando un gasto extraordinario no contemplado que compromete la operativa de las regiones.

Exigencias para compensar gastos extraordinarios

Afrontando este escenario, las autoridades exigen la implementación de mecanismos compensatorios, autorizaciones para modificaciones presupuestarias y la garantía plena de provisión de combustible. Para formalizar estas medidas de alivio fiscal, la declaración aprobada exige al Ejecutivo central “formalizar mediante instrumento normativo concertado con los gobiernos autónomos departamentales en apoyo anunciado a la readecuación de las finanzas de las entidades territoriales autónomas como fuente de financiamiento montos y plazos definidos”.

Solicitudes adicionales a la administración central

Asimismo, los ejecutivos subnacionales solicitaron que la administración central active auxilio económico directo. En el documento instaron a “disponer de las transferencias extraordinarias del Tesoro General de la Nación, que compense el diferencial del precio del diésel consumido para la prestación de los servicios y el ejercicio de las competencias departamentales, en particular, el mantenimiento de la red vial departamental, los servicios de salud, la operación de maquinaria y equipo”.

Requerimientos específicos al Ministerio Económico y Finanzas Públicas

En la misma línea, se planteó un requerimiento específico a las autoridades del área económica. Exigieron “autorizar a través del Ministerio Económico y Finanzas Públicas con carácter excepcional las modificaciones presupuestarias designadas entre partidas y fuentes de financiamiento necesarias para cubrir el mayor gasto en combustibles sin que dicho gasto se compute en los límites de funcionamiento de la Gobernación”.

Apoyo unificado entre gobernadores

Como punto adicional del pliego, las regiones solicitaron la aprobación de una norma que exima a las administraciones departamentales de la obligación de financiar la emisión de los títulos de bachiller. La declaración institucional contó con el respaldo y la firma de los gobernadores: Luis Ayllón (Chuquisaca), María René Soruco (Tarija), Luis Revilla (La Paz), Edgar Sánchez (Oruro) y Leonardo Loza (Cochabamba), consolidando una postura unificada del bloque regional frente al Órgano Ejecutivo nacional. No obstante, no se contó con la presencia de los gobernadores de Potosí, Pando y Beni.

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