Los familiares de fallecidos en Sacaba y Senkata anunciaron este sábado vigilia permanente y movilizaciones en La Paz hasta que los “responsables” de los muertos, heridos y perseguidos políticos durante el caso supuesto “golpe de estado” de 2019 “sean encarcelados”.
“Ya estamos tres días en vigilia pidiendo justicia para nuestros hermanos caídos en Sacaba (Cochabamba)”, señaló el vicepresidente de las víctimas de la «masacre» de Sacaba, Roberto Jucumari.
Son más de 100 personas las que tomaron la decisión de permanecer en vigilia en el puente Huayllani. Se organizaron en turnos, reportó el diario Ahora El Pueblo.
“Nosotros no vamos a descansar ni un solo segundo, ni un solo minuto, hasta que estén en la cárcel los asesinos de nuestros familiares”, expresó Jucumari.
Asimismo, mencionó que si los procesos de investigación no avanzan se radicalizarán las medidas.
“Pensamos ir a La Paz en una marcha, estamos coordinando con los hermanos de Senkata, de Montero y de Betanzos para exigir que se haga justicia”, añadió.
En tanto, la presidente de la Asociación de Víctimas de la «masacre» de Senkata-Zona Sur, Gloria Quisbert aseguró que también iniciarán con las vigilias.
“No les tenemos miedo y no vamos a descansar hasta tener justicia, así como los hermanos de Sacaba ya están tres días en vigilia, nosotros también vamos a empezar, y si es posible vamos a entrar en huelga de hambre para que se cumpla la justicia correspondiente por las muertes que hubo, queremos justicia”, afirmó.
Quisbert rechazó las declaraciones del exdiputado Amilcar Barral, quien acusó a las víctimas de haber recibido recursos por indemnización.
“Los familiares no olvidamos que el Gobierno de Añez intento acallarnos con el Decreto Supremo 4100, que además fue rechazado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la advertencia de que una indemnización, como ellos llamaban, no podía condicionar el pedido de justicia”, aseveró.
Informe del GIEI
El informe final del GIEI concluye que en 2019 existieron masacres. Se consumaron torturas, detenciones ilegales, actos de racismo y graves violaciones de los derechos humanos.
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