Las 13 organizaciones que conformamos la red de Voces del Sur (VDS) condenamos y alertamos de un nuevo capítulo de persecución protagonizado por el Gobierno de Nicaragua, a través de su Ministerio Público, en contra de defensores de Derechos Humanos en ese país.
El Ministerio Público inició, meses atrás, un proceso de investigación en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por el presunto delito de lavado de dinero, bienes y activos y otros, así como por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer supuestos actos ilícitos.
En realidad, se trató de un pretexto para desmantelar la estructura de una Fundación que durante las últimas dos décadas luchó por la libertad de expresión y cuya presencia incomodó en los últimos años a la dictadura de Ortega-Murillo.
Ayer, el Ministerio Público, en un claro recrudecimiento de esta persecución, presentó una ampliación de la acusación en contra de Cristiana María Chamorro y acusó a colaboradores de la Fundación. Cristiana Chamorro fue acusada de apropiación y retención indebida. Además,
Marcos Antonio Fletes Casco y Walter Antonio Gómez Silva fueron acusados por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos; apropiación y retención indebida; gestión abusiva y falsedad ideológica.
A Carlos Fernando Chamorro Barrios se lo acusó de los delitos de lavado de dinero, bienes y activos; apropiación y retención indebida; y gestión abusiva. A Pedro Joaquín Chamorro Barrios por los delitos de gestión abusiva y apropiación y retención indebida.
Emma Marina López y Pedro Vásquez Cortedano son acusados por ser cooperadores necesarios del delito de lavado de dinero. Asimismo, Ana Elisa Martínez Silva por apropiación y retención indebida; gestión abusiva; y por ser cooperadora necesaria del delito de lavado de dinero, bienes y activos. Mientras Guillermo José Medrano y María Lourdes Arróliga son acusados de apropiación y retención indebida.
Los miembros de Voces del Sur nos solidarizamos con su socio local de Nicaragua, con Cristiana Chamorro y con los colaboradores de la Fundación que ahora están siendo acusados del cometimiento de irregularidades, por haber defendido la libertad de expresión y haber sido una voz crítica al interior de Nicaragua.
Desde Voces del Sur rechazamos enérgicamente el uso de la fuerza estatal para detener arbitrariamente a algunos de los ex colaboradores de la Fundación. Cuestionamos el uso indebido del sistema judicial que expresa el uso abusivo del poder del Estado que emitió como medida cautelar la prisión preventiva para los acusados que se encontraban bajo detención judicial y orden de detención para las personas acusadas que se encuentran sin detener.
Volvemos a hacer un llamado urgente a los organismos internacionales para garantizar el respeto a los Derechos Humanos dentro de Nicaragua y no permitir este nuevo capítulo de persecución y acoso contra la prensa independiente.
