Si el Estado boliviano no cumple las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la aplicación de sanciones a los hechos investigados cambiando el sistema judicial, el Presidente, Luis Arce, su gabinete y varios magistrados acabarán “en el banquillo de los acusados”, advirtió este domingo, el abogado constitucionalista y exministro de Justicia Carlos Alberto Goitia.
“Esa recomendación no se queda en eso, sino que es una obligación del Estado. Por ejemplo, le dice al Gobierno actual: usted sacó un decreto que generó una amnistía, deróguelo”, señaló Goitia en contacto con la red Erbol.
Sostuvo que la recomendación “es una obligación”, indicando que, si no se cumple, Bolivia terminará demandada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por incumplir los deberes que tiene en el marco de la Convención
“Esa demanda contra Bolivia va a derivar en que el Presidente actual, el señor Arce, más su gabinete, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el propio Fiscal General del Estado, magistrados del Tribunal Constitucional terminen en el banquillo de los acusados”, aseveró.
Asimismo, sostuvo que se identificaron “una serie de violaciones” a los derechos humanos y “una serie de víctimas” por una falta de capacidad de las entidades públicas como el Ministerio Público, Policía Boliviana, Defensoría del Pueblo y algunos operadores de justicia que no llevaron a cabo un trabajo serio y profesional, generando varios casos de injusticia.
Remarcó que el Estado primero tiene que “reparar” a las víctimas y esa “no es una recomendación sino una carga que tiene el Gobierno actualmente”. Pidió al Estado que revise ciertos procesos cerrados, los cuales “deberían abrirse”.
Señaló que los expertos pidieron reformar el sistema de justicia, respecto a la detención preventiva y “el Estado tiene el deber de hacerlo” para así no llevar a las personas a la privación de libertad por el “capricho de la corrupción” de fiscales y jueces o por intereses del “partido azul” que las manipule.
Goitia subrayó otra recomendación que indica que se deben garantizar imparcialidad de sus jueces y el Ministerio Público debe ser un ente objetivo y no responder a los llamados del partido político del Gobierno.
El abogado considera que no corresponde “lo están queriendo hacer”, de simplemente tomarlo como recomendación.
“El informe tiene efectos jurídicos, políticos, muy duros, y muy complejos para Bolivia”, concluyó.
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