Una serie de violaciones a los Derechos Humanos que se cometieron en Vila-Vila el 9 de noviembre de 2019, apunta presunta responsabilidad al exgobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez por ordenar el bloqueo de caminos, y a funcionarios de entidades públicas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), por su participación en hechos violentos.
La revelación se hizo tras conocer el informe final presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acerca de lo ocurrido en 2019.
El informe hace mención a una serie de acontecimientos que se registraron en distintas regiones del país, referidos a los días de convulsión que se vivió tras el presunto fraude electoral de 2019, que derivó en un descontento social y a su vez en la renuncia del entonces mandatario Evo Morales.
En el informe hay un capítulo denominado: “Caravana del Sur” que se inicia en la página 138, en la que hace referencia a un hecho que causó expectativa en el departamento de Oruro, y fue lo ocurrido el 9 de noviembre de 2019 en la población de Vila-Vila, distante a 55 kilómetros al Norte de la ciudad de Oruro. En el mismo acápite se menciona, el enfrentamiento de Caracollo y Challapata.
VILA-VILA
Tras la descripción de los sucesos de Vila-Vila, se estableció una serie de violaciones a los derechos humanos, desde abusos sexuales, toma de rehenes, torturas, agresiones físicas, entre otras.
La vulneración a los derechos humanos apunta a una presunta responsabilidad del exgobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez y a exfuncionarios públicos que trabajaban en la Gobernación, alcaldías administradas por el MAS y otras, que no solo se dedicaron a bloquear las carreteras para evitar el paso de caravanas hacia La Paz, sino de contenerlas con violencia.
“Un exfuncionario confirmó que alcaldías administradas por el MAS movilizaron maquinaria para ayudar a preparar los bloqueos y evitar la llegada de la caravana a La Paz”, se indica en una parte del documento.
En la evaluación analítica del GIEI, hay un acápite bajo el título de: “Principales hechos de violencia y vulneración de derechos humanos”.
“La responsabilidad estatal por los acontecimientos ha sido comprobada por diversas fuentes. Testigos ante el GIEI, así como fotografías y videos revisados indican que había distintos tipos de bloqueos. Algunos eran tendidos de tierra, piedras, llantas y ‘miguelitos’ sobre la carretera, así como promontorios de tierra, piedras y escombros de grandes dimensiones”.
Se señaló que pobladores de algunas localidades informaron a los integrantes de la caravana que los bloqueos fueron efectuados por personas ajenas a la comunidad, en algunos casos con la participación de funcionarios públicos dependientes de gobernaciones, alcaldías e instituciones públicas.
El GIEI destacó tres medios probatorios; el primero basado en un informe de la Felcc de Oruro, que reconoce que en Sora Sora se verificó presencialmente que funcionarios y maquinarias públicas eran utilizadas para los bloqueos.
El segundo, establecido en el Instructivo 25/2019 de 7 de noviembre emitido por el Director del Servicio Departamental de Deportes del Gobierno Departamental de Oruro, en el que se instruye a sus funcionarios a participar en los bloqueos y en el enfrentamiento de la Caravana del sur en Vila Vila:
“… constituirse a la población de Vila Vila el día viernes 8 de noviembre del 2019 a horas 6:30 am para realizar el bloqueo correspondiente y no dejar pasar a la derecha opositora así mismo resguardando el proceso de cambio de nuestro presidente Juan Evo Morales Ayma. La asistencia será estrictamente controlada y por incumplimiento se sancionará con dos días de haber (sic)”.
El tercero, es un video al que tuvo acceso el GIEI, en que el entonces gobernador, Víctor Hugo Vásquez, instruyó a líderes locales sobre cómo debería efectuarse el bloqueo de caminos, indicando expresamente que “calculamos que en una hora a dos horas por lo menos el camino va estar cerrado”, y que “no queremos cerrar hacia Oruro, queremos que haya tránsito libre, queremos cerrar aquí, ¿porque queremos cerrar aquí? Porque están trasladando buena cantidad de personas de Potosí, Tarija”.
Resalta el GIEI que en la entrevista realizada a Vásquez, aceptó la autenticidad del material audiovisual del Gobernador de Oruro instruyendo el bloqueo de carretera, entregado por un testigo, el 17 de abril de 2021.
También destaca que durante los enfrentamientos en Vila-Vila y Caracollo, particulares o personas no pertenecientes a las fuerzas de seguridad del Estado, habrían accedido y empleado armas del uso privativo de estas últimas, como gases antidisturbios o antimotines. El Estado, al dar soporte a los bloqueos, cuando menos asumió el riesgo de enfrentamientos y de un ataque, teniendo en cuenta que los bloqueadores previamente anunciaron su intención de uso de la violencia y que portaban armas.
“Los hechos de violencia en Vila-Vila, Caracollo y Challapata, que incluyen tortura, privación de libertad, lesiones corporales, destruición de bienes materiales y ataques a personal de salud, se produjeron como parte del ataque instigado por el Estado, que estimuló los bloqueos y apoyó el traslado de civiles a los lugares de los ataques, es decir, asumió plenamente la eventualidad de que se desatara la violencia” se afirma en la evaluación.
Además, el GIEI estableció que el Estado consintió lo ocurrido en la medida que no investigó o sancionó a los responsables. Se observó la participación directa o indirecta del Gobierno nacional, del departamental de Oruro y Potosí y de alcaldías en los eventos referidos.
