Las cámaras de Industriales de Huajara-Oruro (Cihor) y de Industriales de Vinto-Oruro (Civin-OR) declararon estado de emergencia a nivel de sus empresas afiliadas por el cobro arbitrario de tasas fiscales que realiza el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gad-Oru) por el control de salida y entrada de minerales, a través del formulario 101, vigente con la Ley Nº 176.
En reunión de emergencia, los empresarios que tienen instaladas sus industrias en el Parque Industrial Controlado de Huajara y de la Zona Industrial de Vinto, donde se genera el hecho económico en beneficio de la economía departamental y nacional, con la producción de las empresas dedicadas a la minería, metalurgia, procesos pirometalúrgicos, comercialización y otros para la producción de metálico, aleaciones y sulfatos, además de la exportación de concentrados, declararon la emergencia para asumir defensa de sus derechos a través de acciones legales y otras protestas.
Respaldo
La medida es respaldada por la Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO) y la Cámara Departamental de Exportadores (Cadexor), está última con directa relación por el rubro de las exportaciones mineras.
El presidente de la Civin-OR, Juan Antonio Mamani, dijo que el cobro resulta ser arbitrario y una imposición de la Gobernación de Oruro, porque la Ley 535 establece el pago único de este control de comercialización delegado al Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) aplicando los formularios M-1 y M-2, para el control de salidas y entrada de minerales.
Los ejecutivos y representantes de las empresas productivas del sector minero metalúrgico coincidieron en reclamar por el mal trato que dispensa el actual secretario de Minería y Metalurgia de la Gobernación, Alejandro Escobar, quien pretende imponer la aplicación de la Ley 176, no consensuada ni socializada y además representada por diferentes sectores del empresariado, el hotelero, transportes y servicios, por la imposición y cobro doble de las tasas, que se pagan a nivel nacional.
La presidente de la FEPO, Elvira Valdez de Velasco, explicó que la arbitraria medida se quiere aplicar de forma equivocada con base al Convenio Intergubernativo de Delegación Parcial de Competencias para control de los minerales, suscrito entre el Senarecom y el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, de fecha 28 de noviembre de 2018, que a su vez halla sustento en el Decreto Supremo Nº 2288 de fecha 11 de marzo de 2015, sin dar cumplimiento a lo determinado por el decreto supremo, para el cumplimiento de la Ley Departamental 176.
Indicó que el artículo 87 de la Ley 535 de Minería y Metalurgia establece que es atribución del Senarecom el controlar el cumplimiento de las normas legales que regulan la comercialización interna y externa de minerales y metales, así como la transacción en el mercado interno, según el artículo 88 de la misma ley que determina que las transacciones de minerales y metales en el mercado interno se registran obligatoriamente en un sistema informático y formulario oficial único establecido por el Senarecom.
Dijo que no pueden duplicar ese pago que se tiene al Senarecom y que ahora se pretende duplicar para la Secretaría de Minería de la Gobernación, cuando está institución tiene más bien la obligación de aplicar normas que beneficien a los productores mineros metalúrgicos y que se concreten en apoyo a la producción, diversificación y seguridad jurídica.
